La Justicia francesa ha declarado culpable a la cementera Lafarge por efectuar pagos a organizaciones terroristas, entre ellas Estado Islámico, con el fin de mantener en funcionamiento su planta de cemento en Siria durante la guerra civil. Como consecuencia, el tribunal ha impuesto a la compañía una sanción económica de 5,7 millones de euros y ha condenado a seis años de prisión a su antiguo consejero delegado, Bruno Lafont.
Un tribunal de París ha considerado acreditado que Lafarge efectuó pagos por un importe total de 5,6 millones de euros a lo largo de varios meses, que terminaron beneficiando a grupos terroristas como Estado Islámico y Frente al Nusra, entonces vinculado a Al-Qaeda, según ha señalado la agencia Bloomberg.
Junto a Lafont, el exvicepresidente de operaciones de Lafarge, Christian Herrault, ha recibido una condena de cinco años de cárcel, mientras que los dos directivos responsables de la filial en Siria también han sido sentenciados a penas de prisión.
La jueza Isabelle Prévost-Desprez ha concluido que dichos pagos “contribuyeron a reforzar la existencia de organizaciones terroristas” y “les proporcionaron los medios materiales para seguir sembrando el terror”, de acuerdo con la información difundida por la citada agencia.
La planta de Lafarge en Jalabiya (Siria) inició sus operaciones apenas medio año antes del estallido de las protestas contra el Gobierno de Bashar al Assad, que terminaron derivando en la guerra civil siria.
En un primer momento, y ante el deterioro de la seguridad, los pagos se dirigieron al Ejército Libre Sirio, enfrentado al régimen de Asad. Sin embargo, con la transformación del conflicto y el avance de diversas organizaciones yihadistas, el tribunal ha determinado que comenzaron a hacerse pagos al Estado Islámico en noviembre de 2013.
La compañía optó por continuar operando en Siria, a diferencia de otras multinacionales occidentales que se retiraron del país en 2012. La magistrada ha subrayado además que los condenados conocían el carácter terrorista del Estado Islámico.
El tribunal tampoco ha dado por válida la versión de los acusados, que sostenían que se trataba de pagos efectuados bajo coacción y como resultado de una extorsión para salvaguardar la seguridad de la plantilla local.
Lafarge ya había acordado en octubre de 2022 abonar 777,78 millones de dólares (unos 900 millones de euros) y declararse culpable de un cargo de conspiración para financiar a organizaciones terroristas en Siria, con el objetivo de cerrar la investigación abierta contra la empresa en Estados Unidos.