Las infraestructuras en España, según un análisis difundido este lunes por Funcas, requieren una planificación más sólida a largo plazo, una coordinación más eficaz entre las distintas administraciones, un mayor impulso a las colaboraciones público-privadas, más eficiencia económica en la política de transportes y un enfoque claro en el mantenimiento de las redes ya construidas.
Estas conclusiones se recogen en el documento “La economía de las infraestructuras en España: realidad, retos y recomendaciones”, publicado por Funcas y coordinado por Ginés de Rus y Carlos Ocaña, donde se examina en detalle la situación actual de las infraestructuras españolas y los desafíos que afrontan en los próximos años.
El informe aborda cuestiones como la planificación estratégica, la evaluación económica de los proyectos, los esquemas de inversión y financiación, así como el papel de la colaboración público-privada. El análisis se centra de forma específica en los sectores de transporte, energía, agua y telecomunicaciones.
De acuerdo con el texto, y tomando como base un comunicado del centro de análisis, en los tres primeros sectores se detecta “la necesidad de una mayor planificación a largo plazo y mejor coordinación entre administraciones”.
El estudio plantea una serie de recomendaciones concretas: reforzar la planificación estratégica apoyada en el análisis económico, profesionalizar y ampliar el uso de colaboraciones público-privadas, establecer un sistema de financiación con recuperación de costes e internalización de externalidades, priorizar el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes por delante de las nuevas obras, fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas y reorientar la composición del gasto público para centrarlo en inversiones productivas.
EVALUAR COSTE Y BENEFICIO
El documento subraya además la “importancia” de elevar la calidad institucional y la gobernanza de las infraestructuras, y considera “indispensable” una evaluación rigurosa de los beneficios y costes sociales, recordando que la inversión pública en este ámbito compite con otras partidas clave del presupuesto, como salud, educación, dependencia o seguridad.
Entre los principales retos que identifica el análisis para las infraestructuras españolas figuran la adaptación al cambio climático, la transición energética, la digitalización y el refuerzo de la resiliencia frente a riesgos sistémicos, entre ellos apagones, sequías, inundaciones o ciberataques.
“En este contexto, las infraestructuras digitales emergen como un elemento transversal, indispensable para optimizar la gestión del resto de redes y mejorar la productividad”, apunta el laboratorio de ideas especializado en investigación económica.
TARIFICACIÓN POR USO EN TRANSPORTES
Al detallar cada sector, los autores consideran que, en transportes, es preciso reorientar la política hacia la eficiencia económica, la evaluación rigurosa de los proyectos, la tarificación por uso y la atención a los efectos territoriales, con el objetivo de evitar “inversiones guiadas por criterios políticos más que por rentabilidad social”.
En el ámbito de las telecomunicaciones, el informe reconoce que España se sitúa en una “posición avanzada” en infraestructuras digitales, pero advierte sobre “nuevos retos asociados a las externalidades de red, la concentración de mercado, la ciberseguridad y la creciente interdependencia con otras infraestructuras críticas”, al tiempo que reclama “arcos regulatorios que fomenten la competencia, la inversión y el acceso equitativo, evitando riesgos sistémicos y posiciones dominantes”.
Respecto a la energía, el documento alerta de los riesgos derivados de “una planificación insuficiente, como la inestabilidad del sistema o los apagones”, y propone una regulación que estimule la inversión eficiente, internalice las externalidades ambientales y distribuya de forma adecuada los riesgos entre el sector público y el privado.
En materia de agua, el análisis defiende “una gestión del agua basada en criterios económicos, ambientales y de equidad”, con estructuras de precios que reflejen la escasez real, incentiven un uso responsable y garanticen la sostenibilidad de las infraestructuras en el largo plazo.
Funcas recuerda que “tras una década de fuerte inversión a principios de siglo, el ajuste obligado por la crisis de 2008 y planteado como temporal se ha convertido en estructural, con impacto en nuevos proyectos y en el mantenimiento y renovación de los existentes”, lo que condiciona la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales.