El Gobierno de España (con la presencia de Pedro Sánchez) y los sindicatos UGT y CSIF (CCOO de momento no se ha adherido) ya han firmado el acuerdo sobre las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos de 2026 a 2028. En dicho pacto se incluye también la subida salarial de los funcionarios correspondiente a 2025, un aspecto que las organizaciones sindicales siempre calificaron de prioritario.
Ese incremento salarial acumulado será del 11% y se desglosa en un 2,5% para este año; 2% para 2026; 4,5% en 2027, y 2% en 2028. El incremento salarial en 2026 será del 2% sobre la base de las retribuciones incrementadas en 2025. Este aumento, de carácter consolidable, se abonará en dos momentos: el 1,5% fijo en 2026, y el 0,5% restante se pagará en el primer trimestre de 2027, si la variación interanual del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%.
Efecto retroactivo desde el 1 enero de 2025
El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha las medidas oportunas para poder hacer efectivo en diciembre el abono del incremento correspondiente a 2025. La Administración del Estado abonará antes de que termine el año los atrasos correspondientes a ese 2,5% de subida.
Al ser un pago retroactivo, se compensa al trabajador por el tiempo pasado en el que ya debería haber cobrado ese aumento, pero aún no lo ha percibido, que en este caso aplica al ejercicio completo de 2025.
De este modo, el incremento en la nómina de diciembre se calcula tomando como referencia el salario que tenían los funcionarios a 31 de diciembre de 2024 y se aplica la subida del 2,5% sobre cada mes en 14 pagas a un año completo.
Por ejemplo, en el caso de un funcionario con un sueldo base de 861,46 euros brutos al mes a cierre de 2024, dos trienios (57,18 euros), un complemento de destino de 400 euros y un complemento específico de 500 euros, se le aplicaría un incremento del 2,5% en 14 pagas (contando las 2 extras). Tomando como ejemplo el total de retribuciones incrementables –1.818 euros anuales x 2,5%–, el aumento sería de 45,45 euros al mes.
Teniendo en cuenta las pagas extraordinarias, el incremento del 2,5% se aplica a las 14 pagas correspondientes a 2025, de forma que el aumento anual equivale en este caso a 636,3 euros que se abonarían en diciembre.
No obstante, el pago podría sufrir retrasos si la Administración responsable no dispone de todos los elementos formales necesarios o no puede hacerse por motivos técnicos, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible.
Plan de Competencias digitales
Como parte del acuerdo también se estableció el compromiso del Gobierno para aprobar (junto con los sindicatos) un Plan de Competencias Digitales para el conjunto de las administraciones, que contemple una formación digital básica, intermedia y avanzada en función de la complejidad de las tareas que desempeñen.
El plan incluirá la capacitación en inteligencia artificial de los funcionarios y funcionarias, orientada a desarrollar los conocimientos sobre su funcionamiento, límites, potencialidades y riesgos, y a promover un uso responsable, ético y seguro de estas tecnologías.
Además, apuntan desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se tendrá en cuenta la perspectiva de salud laboral tanto en la planificación de recursos humanos, como en los programas de formación y en la organización del trabajo, promoviendo entornos seguros, inclusivos y adaptados a la realidad climática y tecnológica.
Por otro lado, se revisarán al alza en 2026 las indemnizaciones por razón de servicio, incorporando criterios de igualdad entre empleadas y empleados públicos, y los complementos de residencia e insularidad.