La Fundación Renovables ha mostrado su aprecio por la ratificación del Gobierno del Real Decreto 997/2025, el cual incluye acciones inmediatas para robustecer el sistema eléctrico. Este decreto incorpora partes de la denominada ‘reforma antiapagones’ que no recibió la aprobación del Congreso este verano. No obstante, ha instado al Gobierno ‘a seguir aprobando nuevos paquetes de medidas que aglutinen todas las reformas esenciales del real decreto ley antiapagón’, según se detalla en un comunicado.
El grupo de pensamiento resaltó que la reforma contribuye a mejorar la supervisión y el control de tensión, ‘reforzando las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del operador del sistema (Red Eléctrica)’. Además, se han introducido mejoras para asegurar el avance del almacenamiento de energía, necesario para alcanzar los 22,5 gigavatios (GW) para 2030, como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), área que hasta ahora tenía limitada presencia en el sistema energético nacional.
La normativa también promueve la declaración de urgencia por interés público y la reducción a la mitad de los plazos, además de eximir de la tramitación ambiental en ciertas condiciones, proporcionando así ‘facilidades para la hibridación de plantas fotovoltaicas con baterías, de tal forma que estas últimas se puedan instalar de manera rápida siempre que se ubiquen en el terreno donde ya está la instalación renovable, es decir, en una zona antropizada’.
A pesar de estos avances, la Fundación Renovables señaló que el decreto ‘no desarrolla todas las capacidades para optimizar la operación y participación en el mercado al no incluir la prioridad en el redespacho para el almacenamiento, incluyendo la hibridación’. En consecuencia, aún ‘quedan pendientes cuestiones claves’ como el desarrollo del marco de flexibilidad, la regulación de servicios de agregación independiente, la simplificación de la autorización de las infraestructuras eléctricas de alimentación de estaciones de recarga y la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la instalación de sistemas de aerotermia y geotermia en comunidades de vecinos, entre otras.