El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, volvió a atribuir íntegramente a Red Eléctrica de España (REE) la responsabilidad del apagón del 28 de abril de 2025, al considerar que el suceso fue “el resultado de una planificación inadecuada y de una mala gestión del sistema eléctrico”.
En una conferencia con analistas tras la presentación de las cuentas del primer trimestre del grupo, Galán subrayó que las distintas investigaciones, documentos y audios divulgados hasta la fecha han corroborado que “no había suficiente” energía síncrona, “aún a pesar de que la energía estuviera disponible”.
Como argumento, apuntó a la modificación del modo de operación del sistema llevada a cabo por Red Eléctrica después del apagón, con “más capacidad síncrona”.
“¿Por qué han modificado su sistema operativo?. Entonces estamos pagando miles de millones de euros en costes adicionales los ciudadanos y las empresas, simplemente porque han cambiado el sistema operativo y han incluido más capacidad síncrona, mucho más capacidad, puesto que la energía estaba disponible”, afirmó.
Galán incidió en que el origen del problema no radica en “una falta de energía”, recordando que Iberdrola dispone en España de una potencia instalada “que es tres, cuatro o cinco veces más que la energía que se necesita a diario”.
Diferencia entre redes de transporte y operación del sistema
Por este motivo, reclamó “distinguir entre las redes de transmisión o de transporte, que es una actividad, es un negocio, y la operación del sistema, que no es un negocio para sacar beneficios, sino que es una responsabilidad pública”.
“Y esta es la razón por la que en otros países, ambas actividades están totalmente separadas del operador. El sistema tiene que asegurarse de que se mantengan las luces encendidas, y las actividades de red es un negocio, y tenemos que maximizar la rentabilidad. Y si no tienes cuidado con estas dos cosas, puedes tener situaciones peligrosas, como hemos visto”, advirtió.
Expedientes de la CNMC y reclamaciones por el apagón
El director de Servicios Jurídicos de Iberdrola, Gerardo Codes, remarcó que ninguno de los procedimientos abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la compañía “están relacionados con los eventos que llevaron al apagón”, y defendió que la posición del grupo ante este episodio es “muy fuerte”, dado que “siempre ha actuado de acuerdo con la Ley y con total transparencia”.
Codes, que se limitó a señalar que la CNMC y el Ministerio son instituciones “competentes” en relación con el cero eléctrico, precisó que “el único procedimiento directamente relacionado con el apagón” es el incoado a Red Eléctrica.
En cuanto a las reclamaciones de los usuarios por las incidencias derivadas del corte de suministro, el responsable jurídico de Iberdrola apuntó que el volumen de quejas recibidas es reducido si se compara con la dimensión de su base de clientes y añadió que la empresa dispone de coberturas de seguro para estos casos.
La energía nuclear, pieza clave para Europa
Sobre el parque nuclear español, Galán reiteró que se trata de una tecnología “necesaria, es segura, es eficiente y, además, permite reducir los precios y garantiza la seguridad del sistema”.
En esta línea, recordó que los países europeos sin centrales nucleares “tienen unos precios superiores” de la electricidad. “Como es el caso de Alemania o Italia, que es incluso 40 euros más por megavatio hora (MWh) que comparado con Francia y España”, señaló.
Asimismo, destacó que la propia Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, “está pidiendo que los estados miembros eviten cerrar de manera prematura estos activos nucleares, e incluso dijo que fue un error europeo cerrar y no invertir en centrales nucleares, puesto que esta energía nos proporciona electricidad de bajo coste”.
De este modo, el máximo responsable de Iberdrola apuntó que Bruselas ya califica la nuclear como “una infraestructura crítica para Europa y vital”.
En relación con la central de Almaraz, en Extremadura, Galán explicó que las empresas titulares han solicitado prolongar su funcionamiento hasta 2030 y que el expediente “está ahora mismo en curso”.
En cualquier caso, opinó que esta tecnología debe contar con precios suficientemente atractivos o con una menor presión fiscal, algo que ya se está aplicando en algunas comunidades autónomas como Extremadura o la Comunitat Valenciana.
“Están dispuestos a reducir la carga fiscal local, lo cual es algo que ya se está teniendo en consideración y digamos que mi visión personal sobre el tema es que las instalaciones nucleares, tanto en España como en otros países, se tienen que tener por una mayor duración, una mayor vida, y en el caso de Europa, desde luego, son cruciales”, concluyó.