El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha arremetido contra el “ausentismo” laboral, que, según ha señalado, se concentra “con mayor frecuencia” en los lunes y los viernes. Al mismo tiempo, ha cuestionado con dureza al Ministerio de Trabajo por su intención de que los sindicatos “dirijan” las empresas mediante la nueva ley de democracia en la empresa.
“La empresa es democrática con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero”, ha defendido Garamendi este miércoles durante un encuentro empresarial organizado por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia.
En este foro, ha afirmado que el mero anuncio de la nueva normativa impulsada por la cartera de Yolanda Díaz ya genera “desconfianza” y, aunque ha subrayado que desde la patronal mantienen la “mano tendida” al diálogo, ha dejado claro que no aceptarán partir de una premisa que consideren “falsa”. “Cuando nos convoquen, veremos lo que haremos”, ha añadido.
Durante su intervención, el máximo responsable de la CEOE ha vuelto a incidir en el problema del “ausentismo” laboral, que el pasado año se tradujo, según ha indicado, en la pérdida de 9 millones de jornadas de trabajo entre los menores de 35 años.
Garamendi ha apuntado que 1,7 millones de personas trabajadoras, de un total de 18 millones en el sector privado, faltan a su puesto cada día, lo que implica un coste de 16.000 millones de euros para el Estado y una cantidad similar para las empresas.
“Es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso”, ha expuesto Garamendi, que ha matizado, sin embargo, que no todo el mundo es “ausentista”, ya que detrás del absentismo laboral también influyen factores como una deficiente gestión de las bajas médicas.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de reforzar la sanidad pública, porque lo prioritario es que los trabajadores se recuperen, y al mismo tiempo ha abogado por mejorar el seguimiento de las bajas médicas. A su juicio, las mutuas pueden contribuir a reducir las listas de espera de la sanidad pública, mientras que la Seguridad Social debería intensificar la supervisión y contactar “cada seis meses” y no “cada año” en los procesos de incapacidad temporal de larga duración.
Garamendi ha lamentado que ni el Gobierno ni las organizaciones sindicales quieran abordar el problema del absentismo laboral y ha recalcado que es imprescindible abrir la mesa de negociación para tratar este asunto, algo que, ha recordado, se pactó hace más de tres años dentro del acuerdo nacional de convenios y que aún no se ha puesto en marcha.