El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que Estados Unidos (EEUU) continúa siendo un socio “fundamental” para España, incluso en un contexto de ruptura del multilateralismo, y ha insistido en la necesidad de distinguir entre un país y la figura de su presidente.
Garamendi se ha expresado así este miércoles en un encuentro empresarial promovido por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia, celebrado tras la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense, que ha anulado buena parte de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump y ha llevado a la Casa Blanca a plantear nuevas tarifas globales del 15%.
El líder de la patronal ha admitido que se atraviesa un “momento difícil” a escala internacional por los cambios geopolíticos y económicos, pero ha reiterado la voluntad de la CEOE de “sumar en positivo” y de mantener una actitud constructiva.
“Nos ha cambiado el escenario, nos guste o no”, ha señalado Garamendi, quien ha reconocido que la Unión Europea (UE) no está en condiciones de reaccionar con rapidez por “muchos informes” que se elaboren, ya que todavía tiene “mucho camino” por delante.
“Estamos viendo cómo lideramos un montón de sectores y ya no somos absolutamente nadie”, ha lamentado el presidente de la CEOE, que ha reclamado dar pasos adelante en ámbitos como el energético, el financiero o el de defensa, donde ha recordado que Europa sigue en “pañales”.
En este contexto, Garamendi ha defendido la innovación como palanca de competitividad y ha advertido de que, para ello, las compañías deben “ganar dinero”. A su juicio, en España, cada vez que se aborda este asunto “parece que el mundo se cae encima”.
“Las empresas deben ganar dinero para la mejora”, ha remarcado el máximo responsable de la patronal, quien ha insistido en que los “progresistas” son quienes generan “progreso”, en referencia a las empresas, que son las que asumen las inversiones necesarias para que exista innovación.
El presidente de la CEOE ha reclamado un marco de confianza para la inversión, basado en la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de las normas, y ha criticado que el Gobierno recurra a “impuestos a la carta” en sectores como el energético o el financiero.