Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha hecho un llamamiento a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para que cese la creación de ‘inseguridad jurídica’ en torno a la disminución de horas laborales, situación que se extiende ya a la ‘tercera temporada’, tras el aplazamiento por parte del Ministerio del debate sobre las enmiendas totales hasta pasadas las vacaciones de verano.
Garamendi ha expresado que esta ‘política partidista’ del Ministerio de Trabajo ha colocado a España bajo el escrutinio de los inversores debido a la ambigüedad que provoca una legislación que ‘incluso’ el Consejo Económico y Social (CES) ha señalado que carece de un análisis de impacto económico ‘riguroso’.
En la ‘Asamblea General 2025’ de la CEOE, el presidente de la patronal también ha criticado la prolongación en el tiempo de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en el Congreso de los Diputados y la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no se han presentado.
‘No es normal’ que no tengamos un proyecto de PGE por ‘tercera o cuarta’ vez, ha declarado Garamendi. ‘Llevamos desde el año 2023 con los mismos presupuestos. Algo inaudito, que ya vemos como si fuera algo anecdótico, pero no lo es. En el año 2025 nuestras finanzas públicas se siguen rigiendo con una norma elaborada en el 2022, es decir, en la legislatura anterior y aprobada, por tanto, por un Parlamento que no es el actual’, lamentó.
Recordó que las finanzas actuales de España corresponden a un período previo a la crisis arancelaria desatada por la nueva Administración Trump, justo después de la pandemia y la invasión de Ucrania por Rusia.
REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
Sobre la reducción de la jornada laboral, Garamendi ha reiterado que continuar con su tramitación en el parlamento sería un ‘error de bulto’ para la negociación colectiva entre patronales y sindicatos, un ‘mecanismo de comprobada utilidad para regular la jornada o los salarios’.
‘No sabemos cuándo se va a votar en el Congreso de los Diputados, en los próximos días o semanas, pero es una norma que no ha sido objeto de un diálogo social’, enfatizó, tras insistir que la ley representa una ‘injerencia’ en la negociación colectiva.
Además, destacó que más del 30% de los convenios ya establecen jornadas inferiores a las 37,5 horas, conseguidas mediante la negociación colectiva.
Finalmente, Garamendi pidió al Ministerio de Trabajo que permita a las empresas trabajar sin interferencias, ‘déjenos ponernos de acuerdo, no sigan generando esa inseguridad jurídica por causas de política partidista’, mientras recordó que la medida podría costar 23.000 millones y ha provocado una caída del 7% en los convenios firmados y una reducción del 9,5% en los trabajadores cubiertos.
Respecto a las manifestaciones de los sindicatos CCOO y UGT por la rebaja de jornada este julio, indicó el respeto hacia la acción, pero cuestionó la consistencia de las protestas: ‘Cómo vamos a poder sentarnos a hablar del próximo acuerdo nacional de convenios si tenemos esta incertidumbre encima de la mesa permanentemente’, concluyó.