En el transcurso del primer año desde la implementación de la nueva legislación para regular los alojamientos turísticos, la Generalitat ha retirado del registro autonómico un total de 11.952 viviendas de uso turístico (VUT) por no cumplir con criterios como la ausencia de referencia catastral o NIF. Actualmente, se está llevando a cabo una tercera etapa de depuración, con más de 7.000 bajas adicionales en proceso, y se espera que para finales de 2025, el registro esté «completamente actualizado y depurado».
Desde la vigencia del decreto, se han registrado 8.579 nuevas VUT en el sistema autonómico, casi el doble que en periodos anteriores. De enero a julio de 2025, se incorporaron 4.688 viviendas, distribuidas en las provincias de Alicante (3.391), Valencia (1.506) y Castellón (791). Actualmente, la Comunitat Valenciana posee 94.259 VUT registradas oficialmente.
Impacto del Decreto-Ley en el Sector Turístico
Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha valorado positivamente el primer año del decreto-ley 9/2024 que regula las VUT en la Comunitat Valenciana. Cano ha destacado que la normativa ha permitido «avanzar en la legalidad, control y sostenibilidad de las viviendas turísticas, combatiendo el intrusismo y mejorando la convivencia ciudadana», en un contexto de crecimiento del sector. Además, mencionó la «ambiciosa» depuración del registro llevada a cabo.
El plan de inspección turística de 2024 ha incrementado la vigilancia sobre las VUT en un 33%, con más de 450 actuaciones, y en 2025 se han implementado inspecciones aleatorias para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. Además, la potestad sancionadora ha sido delegada a los ayuntamientos, con la adhesión de varios municipios a través de un convenio marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
En València, este nuevo marco ha permitido recaudar más de 30.000 euros en sanciones durante el primer trimestre de su aplicación. También se han organizado jornadas formativas y acciones de acompañamiento técnico para facilitar la implementación local de estas regulaciones.