Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en Gestha, han señalado este jueves que las reducciones del IVA aplicadas a la electricidad y a los productos alimentarios resultan “paliativas y poco eficientes”. Así lo concluyen tras un estudio del paquete de medidas fiscales impulsadas desde 2021 para amortiguar el impacto de la crisis energética y la inflación derivadas de la pospandemia y de la guerra en Ucrania.
Según Gestha, estas decisiones tributarias no afrontan el origen del repunte de precios y, además, pueden quedar neutralizadas por subidas en el coste del kilovatio o por incrementos aplicados por petroleras y compañías de alimentación “si no hay una supervisión estricta”.
Ante este escenario, los técnicos de Hacienda proponen un conjunto de actuaciones orientadas a racionalizar tanto el consumo como el precio de la energía y los combustibles, con la idea de graduarlas si la espiral inflacionista o los efectos de la crisis se trasladan a los alimentos, la vivienda u otros bienes de consumo.
De cara a 2026, la organización aboga por virar hacia una vigilancia “estricta” de los márgenes comerciales, de los niveles de existencias y de los movimientos de carácter especulativo.
Entre las propuestas figura la modificación del actual sistema marginalista de fijación de precios en el mercado eléctrico, al considerar que no es adecuado que la última tecnología en incorporarse a la oferta —habitualmente la más costosa— determine el importe que se paga por el resto.
Descuentos en transporte y ayudas a familias vulnerables
Gestha también sugiere reforzar las bonificaciones al transporte público colectivo; extender el teletrabajo en empresas y administraciones; ampliar los incentivos fiscales para compañías y empleados que utilicen cheques o tarjetas de transporte público y para la adquisición de vehículos eléctricos, enchufables e híbridos; promover el autoconsumo eléctrico y las comunidades energéticas; y favorecer fiscalmente la rehabilitación y las obras que incrementen la eficiencia energética de las viviendas.
En el ámbito social, el colectivo plantea explorar acuerdos entre los grupos parlamentarios para dar estabilidad al uso y a los precios de los alquileres de vivienda y de locales comerciales; reforzar de forma temporal determinadas prestaciones públicas; reimplantar vales o cheques de emergencia para la alimentación de familias vulnerables o hogares en pobreza energética, ajustando su cuantía al nivel de ingresos, y evitar cortes de suministro por impago a consumidores vulnerables.
Asimismo, insta a coordinar entre las distintas administraciones las ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y al sector pesquero; acelerar la transición de las instalaciones industriales hacia fuentes renovables; rebajar los tipos impositivos y recargos en las facturas de la luz hasta el límite mínimo permitido por la normativa europea, y abaratar los costes de transporte y distribución (peajes) y las tarifas de acceso a la red para que reflejen los costes reales del sistema, incentivando un uso más eficiente de las infraestructuras.
Gestha propone, además, intensificar la supervisión de las operaciones de futuros sobre la electricidad y de los derechos de emisión de CO2; reforzar el control desde Competencia sobre el comportamiento de las empresas de transporte y logística, de la cadena alimentaria, del comercio minorista y de los márgenes empresariales, y aprovechar la financiación europea disponible para estas actuaciones.
Coste de las medidas fiscales ligadas a la guerra en Ucrania
El informe de Gestha recuerda que, con datos del Gobierno, el conjunto de rebajas fiscales, subvenciones y ayudas directas desplegadas entre 2021 y 2024 para hacer frente a la crisis energética y al repunte de precios supuso un coste acumulado superior a 53.300 millones de euros, una cifra que el Banco de España sitúa en una horquilla de entre 48.300 y 57.100 millones.
Los técnicos subrayan que la inflación golpeó con más intensidad a los hogares con menos recursos que a los de mayor renta. En términos relativos sobre su gasto total, las rebajas del IVA de alimentos y gas favorecieron más a las familias de ingresos bajos, mientras que la bonificación a los carburantes y a la electricidad benefició en mayor medida a los hogares de rentas altas.
En esta línea, advierten de que las reducciones generalizadas del IVA de la electricidad son “regresivas”, ya que favorecen proporcionalmente más a quienes tienen mayores consumos, y recuerdan que los recortes fiscales de carácter general tienden a trasladarse a los precios, alimentando la espiral inflacionista.
Como ejemplo de buena práctica, Gestha destaca que, tras el fin de la bonificación universal de 20 céntimos por litro de carburante —que supuso 2.841 millones en solo un semestre—, las ayudas se concentraron en subvenciones dirigidas a transportistas, agricultores y pescadores, permitiendo a los primeros ahorrar hasta un 14% en el precio neto del gasóleo gracias a las ayudas directas y a las devoluciones parciales.
Por ello, los técnicos concluyen que el coste fiscal fue más elevado de lo necesario porque la mayoría de las medidas tuvieron un carácter generalista y no se focalizaron exclusivamente en los hogares con menores ingresos o en los sectores realmente afectados.
Gestha detalla que los ejercicios con mayor impacto recaudatorio fueron 2022 y 2023, cuando se aprobaron la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y la reducción del IVA de la luz, la bonificación al combustible, ayudas directas como el cheque de 200 euros, la gratuidad del transporte público y la supresión del IVA (0%) para productos básicos como pan, leche, huevos, frutas y verduras, además de la reducción al 5% para aceites y pastas.
En 2024 comenzó la retirada progresiva de estas medidas de apoyo y de las rebajas fiscales, retornando a los tipos ordinarios. El gasto de 53.300 millones generado en ese periodo se cubrió con los ingresos tributarios vinculados tanto a las medidas de apoyo como al denominado escudo social.
Los técnicos recuerdan que, en paralelo, se aprobaron medidas para aumentar la recaudación, como la tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grandes grupos empresariales, los gravámenes temporales a compañías energéticas (vigentes en 2023 y 2024) y a entidades financieras (desde 2024 transformado en un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades), así como el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas, entre otros.
Gestha matiza que Hacienda no está “haciendo caja” con la crisis
El colectivo de técnicos ha querido matizar la percepción de que Hacienda esté “haciendo caja con la crisis”, al apuntar que parte del incremento de la recaudación “puede explicarse por efectos asociados a la inflación”. También aclara que el IVA abonado por el consumidor final sí genera ingresos, pero el soportado por empresas de transporte, agricultura, ganadería o pesca es deducible y, por tanto, no implica un ingreso directo para la Administración, dado que el IVA es neutral para las compañías.
En esta línea, precisan que Hacienda no retiene íntegramente estos tributos, ya que cede a las comunidades de régimen común el 58% del Impuesto sobre Hidrocarburos y el 50% de la recaudación del IVA.
En 2023, las comunidades autónomas ingresaron 7.884 millones por el Impuesto de Hidrocarburos y 41.954 millones por la parte cedida del IVA, con la excepción de Canarias, que recauda sus propios tributos. Además, los municipios de más de 75.000 habitantes, las capitales de provincia o de comunidad y las diputaciones y otros entes provinciales recibieron 55 millones procedentes de la recaudación líquida por hidrocarburos y 480 millones por la cesión del IVA, según la liquidación definitiva de 2023.