El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) plantea que la futura reforma del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común incorpore 16.000 millones de euros adicionales a los 20.975 millones ya puestos sobre la mesa.
Según los cálculos de los técnicos de Hacienda, si a estos fondos se añaden los 23.119,45 millones extra derivados del aumento de las entregas a cuenta entre 2023 y 2025, el refuerzo global para las CCAA respecto a 2023 podría alcanzar en torno a 60.000 millones, lo que supondría un incremento del 32%, hasta situar el volumen total cercano a los 250.000 millones de euros. Con ello, se evitarían déficits estructurales de financiación en las cuentas regionales y se facilitaría la reducción de su endeudamiento.
Para Gestha, el tamaño de los recursos que gestionarán las comunidades exige una mayor corresponsabilidad en materia de ingresos tributarios y en el mantenimiento de la estabilidad de las cuentas públicas autonómicas.
En el ámbito de los ingresos, los técnicos consideran imprescindible reforzar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades mediante reglas homogéneas que garanticen que las decisiones tributarias que adopte cada territorio —ya afecten a los tipos impositivos, a las bases imponibles o a la eficacia en la gestión y lucha contra el fraude— tengan un impacto directo y coherente en su propia financiación.
En esta línea, Gestha ha recordado en un comunicado la posición mayoritaria y reiterada de las personas expertas en financiación autonómica y fiscalidad, que han defendido en sus propuestas la existencia de un nivel mínimo de gravamen en los impuestos cedidos, con el fin de superar el dumping fiscal entre CCAA, evitar una competencia tributaria desordenada y, al mismo tiempo, permitir que las comunidades ejerzan su capacidad normativa dentro de un marco común.
Por el lado del gasto, los técnicos de Hacienda subrayan que las CCAA de régimen común concentran el 36,3% del gasto total de las Administraciones Públicas. Por ello, estiman esencial reforzar los compromisos de estabilidad presupuestaria y mejorar la eficiencia y la transparencia en la ejecución del gasto y de las inversiones públicas, asegurando su rentabilidad social y sometiéndolos a un control reforzado y eficaz de la ejecución presupuestaria.
Respecto al criterio de ordinalidad, Gestha recuerda que no se trata de un principio recogido en la Constitución ni aparece regulado en la normativa vigente sobre financiación autonómica. El sindicato ya había advertido de que este criterio podría entrañar riesgos de inconstitucionalidad, y considera que el verdadero desafío de la negociación es preservar los importes y el funcionamiento de los mecanismos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que asegura un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos esenciales en todas las CCAA.