El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha valorado positivamente la creación de la nueva agencia de integridad pública, calificándola como la medida ‘más eficaz’ del reciente plan estatal para combatir la corrupción, anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De acuerdo con Gestha, esta agencia se encargará de investigar las denuncias recibidas sobre cualquier tipo de fraude o corrupción, incluyendo aquellas que involucren a la contratación pública. Además, coordinará las acciones de las Agencias antifraude de diversas comunidades autónomas y ciudades importantes como Madrid y Barcelona.
Desde el sindicato se ha sugerido mediante un comunicado que para asegurar la independencia de la agencia, es crucial que sea establecida por las Cortes Generales, que se designe a su director y al comité de ética, y que se dote de personal cualificado para la lucha contra la corrupción, entre otros aspectos organizativos y presupuestarios que deben ser supervisados por el Congreso.
REFUERZO DE PLANTILLAS Y MEDIOS EN ENTIDADES CONTRA LA CORRUPCIÓN
Gestha ha recordado la existencia del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, enfocado exclusivamente en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solicitando un aumento de plantillas y recursos en la Intervención General de la Administración del Estado para mejorar el control sobre los fondos europeos en la contratación pública.
Además, han destacado la labor de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que ha investigado miles de personas y localizado numerosos bienes con un valor considerable. También han pedido más técnicos de investigación para las agencias antifraude regionales, subrayando que la falta de personal ha retrasado la tramitación de muchas denuncias.
APOYAN OTRAS MEDIDAS NOVEDOSAS
Los técnicos celebran la implantación de medidas como el decomiso administrativo preventivo, el sistema de alertas rápidas, y un mayor cumplimiento de las leyes de Transparencia. Proponen además, duplicar las penas y los plazos de prescripción penal, imponer multas basadas en los ingresos anuales de las empresas corruptas, y restringir a las empresas condenadas la posibilidad de contratar con el sector público.
Finalmente, sugieren que la Fiscalía General del Estado emita una Instrucción para que en todos los procesos penales por fraude y corrupción se incluya la prohibición de contratar con el sector público durante un periodo de tiempo determinado, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.