Gestha revela que más de 9 millones de españoles ganan menos de 1.000 euros mensuales

El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, ha calculado que el 30,5% de los ciudadanos que reciben salarios, pensiones o ayudas por desempleo en España perciben ingresos anuales inferiores a 12.000 euros.

“En total, son 9,1 millones de personas que no llegan al mileurismo”, advirtió Gestha en una nota de prensa emitida este viernes, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Desglose por Grupos Afectados

De acuerdo con los datos de Gestha, los más afectados son 827.984 desempleados, que representan el 93,9% del total, cuyas ayudas no superan los 12.000 euros anuales. Les siguen 53.506 personas que pasaron de estar desempleadas a pensionistas en el mismo año, afectando al 54,8% de este grupo.

Asimismo, 1,2 millones de trabajadores que estuvieron desempleados en algún momento del año, constituyen el 39,7% de esta categoría. En particular, el 36,9% de los pensionistas, que suman 3,2 millones, y el 22,7% de los trabajadores, que ascienden a 3,8 millones, reciben menos de 12.000 euros.

Además, 12.805 trabajadores que experimentaron desempleo y luego se jubilaron durante el año representan el 16,4% de su grupo, y 54.350 trabajadores que se convirtieron en pensionistas, el 7,8%.

Distribución Geográfica de la Precariedad

En términos geográficos, Andalucía lidera la lista con 2,1 millones de habitantes con ingresos bajos, seguida de Cataluña con 1,4 millones, y la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, cada una con 1,1 millones de afectados. Estas regiones albergan al 62,3% de los españoles con rentas inferiores a los 12.000 euros anuales.

En cifras relativas, el 40,8% de los residentes en Extremadura y el 38,5% en Andalucía perciben estos ingresos bajos, seguidos por el 35,8% en Ceuta y Melilla, y entre el 30% y el 33% en Canarias, Región de Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja.

Por esta razón, Gestha ha hecho un llamamiento para un Pacto de Estado contra la Pobreza y ha instado a las administraciones públicas a unir esfuerzos para aumentar los sueldos mínimos, promover la inclusión laboral y mejorar las pensiones mediante una redistribución más equitativa de las políticas de gasto social y del sistema fiscal.