El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a una adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sufragado con los fondos europeos “Next Generation EU”. Con este ajuste se revisan 160 medidas para simplificar su aplicación y garantizar que todo el programa quede ejecutado antes de que finalice 2026, al tiempo que se rebaja a 22.800 millones el volumen de préstamos que solicitará España, algo más de una cuarta parte de los créditos inicialmente asignados.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, ante la proximidad del periodo límite para usar los recursos vinculados al Plan de Recuperación, la propia Comisión Europea, en una comunicación emitida el pasado mes de junio, instó a los Estados miembro a revisar sus planes con el fin de simplificarlos y acelerar su ejecución.
“Tanto España como otros 22 Estados miembro estamos poniendo sobre la mesa estas adendas, estas revisiones al Plan de Recuperación para adaptarnos al nuevo contexto, para reforzar las prioridades estructurales de los planes pero también para simplificar y hacer un mejor uso de los fondos”, ha señalado el ministro.
En esta revisión se mantiene el nivel de ambición del Plan, pero se actualizan 160 medidas con la finalidad de aligerar trámites y reducir la carga burocrática asociada a su despliegue.
En el ámbito de la vivienda, por ejemplo, se retoca el hito vinculado a la ley del suelo y se sustituye por objetivos relacionados con la puesta en marcha de la empresa pública del suelo y la transformación del Sepes.
“Por lo tanto, manteniendo el objetivo en cuanto a la ambición en el área de vivienda pero modificando adaptando a la realidad de las medidas tomadas y previstas por el Gobierno español”, ha especificado el ministro.
En cuanto a la ley de la Autoridad Defensa del Cliente Financiero, Cuerpo precisó que se separa de los hitos recogidos en el Plan de Recuperación, si bien continuará su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Entre los hitos que permanecen dentro del Plan de Recuperación, pese a las dificultades para su aprobación en la Cámara Baja, se mantiene el incremento de la fiscalidad al diésel. La Comisión Europea concedió a España un margen adicional de seis meses para cumplir con esta reforma, que deberá estar aprobada antes de que termine el mes de enero.
Refuerzo de inversiones y capital para el ICO
La adenda también refuerza las prioridades estratégicas mediante nuevas inversiones, como la aportación de 300 millones a los programas europeos de supercomputación o la movilización de 2.500 millones adicionales destinados a proyectos vinculados a la descarbonización y la transición energética.
Paralelamente, el Ejecutivo ha optado por rebajar la previsión de endeudamiento derivada de estos fondos hasta un total de 22.800 millones de euros, aproximadamente el 25% de los 83.000 millones de préstamos que se asignaron a España en un primer momento.
Una de las principales novedades incluidas en la adenda es la inyección de capital de 13.000 millones en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). “Consolida la capacidad de ICO de ir respondiendo a las posibles necesidades de financiación de nuestra economía más allá del 2026”, ha señalado el ministro.
Impacto en el crecimiento económico
Cuerpo subrayó el papel de España como uno de los países más avanzados en la ejecución del Plan de Recuperación y puso de relieve la contribución de estos recursos al comportamiento de la economía nacional. “La realidad de las cifras económicas y del buen momento que presenta la economía española no podría entenderse sin el impacto del Plan de Recuperación”, ha ensalzado el titular de Economía.
Según las estimaciones del Gobierno, el Plan de Recuperación estaría aportando alrededor de 2,6 puntos porcentuales anuales al nivel del Producto Interior Bruto (PIB), con una contribución que podría acercarse a los 3,5 puntos al cierre de la década.











