El Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud de España (Injuve), pone en marcha este lunes el “Buzón de las personas Becarias: Denuncia las malas prácticas”, un proyecto impulsado en coordinación con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss).
La nueva herramienta, que se presentará en un acto en el que participarán la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, permitirá a personas becarias y exbecarias comunicar de forma anónima posibles irregularidades cometidas durante sus periodos de prácticas, según han señalado fuentes del departamento de Juventud.
A través de este canal se podrán trasladar casos como la ausencia de vínculo entre la formación académica y las tareas encomendadas, la cobertura encubierta de puestos estructurales, la realización de las mismas funciones que la plantilla ordinaria, la inexistencia de tutor o tutora responsable o la asignación de cometidos que exceden el marco formativo de la práctica.
El Injuve será el organismo responsable de recibir estas comunicaciones y remitirlas a la Inspección de Trabajo, que será la encargada de desarrollar las comprobaciones e intervenciones que procedan en cada caso.
Una herramienta ligada al Estatuto del Becario
El objetivo de este buzón es “favorecer la protección de la juventud en el ámbito laboral” mediante la creación de un cauce de denuncias anónimas que permita detectar posibles fraudes que afecten a personas en prácticas laborales.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia sostienen que este mecanismo contribuirá a ofrecer una “mayor protección” a las personas becarias, “un colectivo que históricamente ha tenido que soportar altos grados de explotación laboral a través de una figura que tiene como objetivo garantizar el aprendizaje de los estudiantes y, en ningún caso, sustituir a trabajadores a un menor coste”.
Esta nueva vía de denuncia se integra en el marco del ‘Estatuto del Becario’, aprobado por el Ejecutivo a finales del pasado año con la finalidad de asegurar los derechos de quienes realizan prácticas. La norma, considerada “fundamental para garantizar que las prácticas se realizan con derechos”, contempla sanciones de hasta 225.000 euros para aquellas empresas que vulneren las garantías de las personas becarias.
Abusos
De acuerdo con la “Encuesta de Juventud 2023”, el 42% de jóvenes afirma haber padecido alguna situación de explotación en su trayectoria laboral, como desempeñar trabajo sin contrato, firmar un contrato a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), ser un becario no remunerado, un falso autónomo o estar contratado como ‘rider’ o repartidor. Estas cifras, junto con las aportaciones recogidas durante la tramitación de la ley de juventud, apuntan a la urgencia de reforzar los instrumentos de protección frente a las distintas formas de precariedad laboral que afectan a la población joven.
“El Buzón de las personas Becarias” se enmarca en un convenio más amplio suscrito entre el Injuve y la Inspección de Trabajo para mejorar las condiciones laborales de la juventud, considerada un colectivo “especialmente vulnerable”. El acuerdo contempla actuaciones específicas de control sobre la situación de los jóvenes en el mercado laboral, así como acciones de formación y campañas informativas, entre otras medidas.