QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha dado este martes un nuevo paso al aprobar en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica que regula la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, por la que el Estado asumirá un total de 83.252 millones de euros, una cantidad equivalente a aproximadamente una cuarta parte del endeudamiento de las regiones de régimen común.
Así lo ha expuesto la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha detallado que el Ejecutivo central ha sacado adelante esta iniciativa en segunda vuelta.
Según los cálculos del Gobierno, los ejecutivos autonómicos podrán ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en el pago de intereses, recursos que, a partir de ahora, podrán destinarse a reforzar políticas públicas en ámbitos como la sanidad, la educación o la dependencia.
Andalucía y Cataluña concentran el mayor volumen de quita
En términos absolutos, Andalucía y Cataluña serían las comunidades que recibirían una mayor condonación, seguidas por C. Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); C-LM (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); CyL (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
En este esquema quedan fuera Euskadi y Navarra, al no integrarse en el sistema de régimen común, si bien ambas han manifestado ya su intención de aprovechar la medida planteando que se les compense de forma análoga a través de sus regímenes forales.
Pese a la oposición explícita del PP a esta quita, desde el Gobierno se viene anticipando en las últimas semanas que las autonomías gobernadas por los ‘populares’ acabarán sumándose al mecanismo.
El objetivo del Ejecutivo es remitir el texto al Congreso “antes de que acabe el año” y lograr su aprobación “definitivamente” durante el primer trimestre de 2026.
Por ahora, el Ministerio de Hacienda no tiene garantizados todos los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario de la condonación, ya que algunos aliados como Junts han expresado sus reservas al criticar que la medida se extienda al conjunto de las comunidades.
Una vez que la ley quede aprobada, el Gobierno prevé habilitar un plazo “suficientemente amplio” para que las CCAA que lo consideren oportuno puedan acogerse a la condonación, algo imprescindible para que el Estado pueda programar la nueva deuda que asumirá, precisando su naturaleza y los calendarios de devolución.
Tres etapas para calcular la condonación
La metodología diseñada para estimar el reparto de la quita se estructura en tres fases. En la primera se ha medido la diferencia entre el endeudamiento que presentaban las comunidades al cierre de 2009 y el de 2013, y ese incremento se compara con la variación registrada entre finales de 2019 y finales de 2023. De esta primera etapa resulta una condonación media del 19% de la deuda autonómica total vigente al cierre de 2023.
En la segunda fase se fija una condonación adicional para todas aquellas CCAA que quedan por debajo de la media del 19,3% de deuda perdonada sobre el total. “Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios”, ha aclarado Montero.
En la tercera y última fase, Hacienda introduce dos ajustes para lograr “mayor equidad”: “En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia”.
Posteriormente, se incrementa la condonación de la deuda hasta alcanzar ese mismo umbral en aquellas CCAA que hayan tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media en el periodo 2010-2022.
El segundo ajuste consiste en atribuir una condonación adicional a las CCAA que han ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, las que hayan utilizado esta capacidad por encima de la media podrán acceder a una condonación extra del 10%, mientras que será del 5% para las que se sitúen por debajo.
