QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en empresas, más conocido como el Estatuto del Becario, tras más de dos años de su presentación por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social en colaboración con los sindicatos, según informaciones de fuentes de este departamento a Europa Press.
La propuesta legislativa, que requiere el visto bueno de las Cortes Generales al ser considerada una ley, ha suscitado divergencias dentro del Ejecutivo, en particular entre el PSOE y Sumar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha admitido que, pese a haber un “acuerdo de diálogo social”, persisten “discrepancias” con el PSOE respecto a su aprobación.
El Ministerio hizo público el anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa en diciembre, un año y medio después de alcanzar el acuerdo con los sindicatos. Esta normativa, que ha sido criticada por la comunidad universitaria por no incluir su participación, según denuncias de los rectores, establece un régimen sancionador para las empresas que no respeten los derechos de los estudiantes, con multas que pueden ascender hasta 225.000 euros; además, contempla la compensación de los gastos que deban afrontar los estudiantes y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.
El objetivo de este anteproyecto de ley es regular los períodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito empresarial, así como definir el marco jurídico que los regula. El Estatuto del Becario introduce un esquema sancionador con multas para las empresas que incurran en infracciones muy graves, cuyos montos varían según la gravedad de la falta.
Entre las infracciones consideradas muy graves se incluyen discriminaciones por edad, discapacidad, sexo, origen racial o étnico, estado civil, condición social, religión, ideas políticas, orientación sexual, entre otras. Además, se exige a las empresas que compensen económicamente a los estudiantes por los gastos en que incurran durante su formación.
Asimismo, el Estatuto del Becario establece obligaciones claras para los estudiantes, como el respeto a la normativa de prácticas externas de su centro formativo, el seguimiento del proyecto formativo y la comunicación con su tutor académico durante el desarrollo de las prácticas.
Por otro lado, tanto CRUE Universidades Españolas como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han expresado su desacuerdo con el proyecto, argumentando que no se adecua al modelo de prácticas actual y que podría limitar la formación práctica de los estudiantes, esencial para su futura empleabilidad.
