QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado una consulta pública sobre el borrador del real decreto que busca fortalecer la seguridad y asegurar la operatividad de las redes de telecomunicaciones durante emergencias, como apagones o fenómenos meteorológicos extremos. Según estimaciones gubernamentales, la implementación de estas medidas podría suponer un desembolso de hasta 73 millones de euros para los operadores.
El objetivo del borrador es garantizar que, en situaciones de emergencia, el 85% de la población española mantenga el servicio de telecomunicaciones, incluidas las llamadas de emergencia, durante al menos cuatro horas. Actualmente, cerca del 30% de los 10.400 emplazamientos necesarios ya cuentan con baterías o generadores para sostener el suministro eléctrico durante este tiempo, lo que deja aproximadamente 7.280 emplazamientos por reforzar.
“Según el análisis realizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el coste vinculado al despliegue adicional de baterías o equipos electrógenos para el conjunto de las redes de comunicaciones móviles a través de las cuales se proveen servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en bandas armonizadas europeas, en España es de una horquilla entre 50.960.000 euros y 72.800.000 euros”, destaca el documento.
La inversión necesaria por emplazamiento, aplicando un descuento del 30% por volumen, sería de unos 7.000 euros. El Gobierno considera que este coste, estimado entre 51 y 73 millones de euros, es “proporcional y equilibrado”. Además, el impacto presupuestario para el Estado sería “nulo”, aunque se anticipan costes marginales en la gestión de incidentes y otras actividades de verificación.
El decreto también establecerá nuevas obligaciones para operadores de telecomunicaciones y de infraestructuras digitales, exigiendo que presenten un ‘Plan General de Seguridad’ y otros planes específicos adaptados a diferentes tipos de redes y servicios. Además, se refuerza la notificación de incidentes, exigiendo un reporte inicial en la primera hora tras el suceso.
