El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha alcanzado un acuerdo con el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las principales asociaciones empresariales del sector, para sacar adelante un nuevo Real Decreto-ley con medidas adicionales destinadas a mitigar el efecto de la guerra en Oriente Medio sobre la actividad del transporte.
Este entendimiento se ha cerrado tras una nueva reunión celebrada este lunes, en la que también han participado representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, según han comunicado tanto el propio Ministerio como el CNTC.
Modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte
El paquete de medidas contemplado prevé una modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte ligada a la variación del coste del combustible, de manera que no sea necesario volver a ajustarla en futuras crisis, al quedar referenciada al precio del carburante antes de impuestos. Con los valores actuales, el peso del combustible en dicha fórmula pasaría del 30% al 40%.
Asimismo, se establecerá la obligación de detallar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante previsto en el “Real Decreto-ley 3/2022”, suprimiendo la opción de incluir de forma expresa en los contratos cualquier otra modalidad para reflejar este ajuste.
Creación de un tipo sancionador
Además, el decreto integrará las medidas pactadas en la última reunión del pasado viernes, que se aplicaron de inmediato mediante una nota técnica: los precios medios del gasóleo deberán utilizarse como referencia sin impuestos y, para calcular la revisión del precio del transporte, no podrán computarse las bonificaciones ni las ayudas extraordinarias.
Por último, el Ministerio se compromete a estudiar, en el marco de este paquete, la creación de un tipo sancionador que castigue el incumplimiento de las medidas anteriores. Ambas partes acuerdan también mantener operativa una mesa de negociación permanente para abordar los asuntos que siguen pendientes y que requieren la aprobación de una autorización o de un marco temporal de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea.