El representante gubernamental en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado la importancia de la cooperación interadministrativa en el ámbito de la vivienda como “la clave para blindar un derecho de todos los ciudadanos y así poner freno a los abusos de unos pocos, donde la especulación y el mercantilismo con la vivienda impiden dar soluciones a quienes no se pueden permitir cantidades estratosféricas para emprender su proyecto vital”.
Fernández ha señalado en un comunicado que el Gobierno “está actuando transfiriendo fondos a la Junta, legislando y adoptando medidas valientes”, y ha sugerido que “cada paso del Ejecutivo debería estar acompañado por el de la Junta de Andalucía, que es quien tiene competencias en vivienda”.
“En los años del actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, la Junta de Andalucía destina 74 millones de euros frente a los 246 millones invertidos por el Gobierno de España en Andalucía”, ha explicado Fernández, lamentando que el Gobierno andaluz “en lugar de aportar, bloquea y obstaculiza los programas del Estado”, y ha criticado que se niega a triplicar la inversión para vivienda en la comunidad hasta alcanzar los 1.139 millones de euros.
Ha cuestionado si la Junta de Andalucía “en esta nueva oportunidad que se le ofrece, se mostrará dispuesta a demostrar que realmente entiende la vivienda como un derecho o pretende cruzarse de brazos y mantenerla en la situación actual, tratándola como un asunto económico y no social”.
Además, ha resaltado el compromiso del Estado con la transferencia, desde 2018, de más de 1.270 millones de euros para vivienda y 102,6 millones para alquiler joven, y ha informado sobre el impulso de más de 11.000 viviendas de nueva construcción y cerca de 33.000 rehabilitadas, así como la transferencia de 174 millones a través del PIREP.
“Andalucía es una de las comunidades que más necesita que se apliquen las medidas y programas del Gobierno de España para aumentar la vivienda pública y garantizar el acceso a una vivienda de todos los andaluces y andaluzas”, ha subrayado Fernández, quien también ha alabado la iniciativa del Ministerio de Vivienda “para aflorar 16.740 viviendas turísticas que no cumplen la normativa, lo que tendrá un impacto importante para miles de familias andaluzas que tendrán la oportunidad de acceder a una vivienda en alquiler a un precio más razonable”.
“Confío en que la Junta recapacite y cambie su posición para que la inversión y las medidas disponibles alcancen a miles de familias que necesitan una vivienda”, ha añadido.
Fernández ha defendido la aplicación en Andalucía de la Ley de Vivienda aprobada en 2022, cuyo objetivo es “ayudar a personas con más dificultades a acceder a este bien, tendiendo la mano a las comunidades autónomas y a municipios para que contribuyan a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social”.
Ha concluido que el Gobierno de España muestra “un claro compromiso de justicia social, pero la comunidad autónoma debe decidir si responde a los ciudadanos reconociendo la vivienda como un derecho, o si permite que se convierta en un lujo”.