El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha declarado que comenzará investigaciones sobre compañías que promocionan en España productos o servicios realizados en los territorios ocupados por Israel en Palestina.
La investigación se apoya en el Real Decreto-ley recientemente aprobado por el Gobierno, que busca medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y apoyar al pueblo palestino, prohibiendo la publicidad de bienes y servicios de esos territorios, según informó el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.
La Dirección General de Consumo se centrará en las empresas que, según señaló Francesca Albanese en su informe de julio, se están beneficiando de la ocupación ilegal. El ministro Bustinduy subrayó la importancia de evitar que las empresas en España se vean implicadas en operaciones que perpetúan la ocupación y el genocidio, según denunció la ONU.
El Ministerio recalcó que este tipo de negocios son ilegales bajo el Derecho Internacional, y mencionó que la Fiscalía de Países Bajos está investigando estas actividades. Además, la ONU ha actualizado su lista negra de empresas implicadas, incluyendo a cuatro españolas.
Entre las compañías españolas listadas, ACS aclaró que ya no opera en Israel ni en los asentamientos, mientras que Ineco y CAF también se desmarcaron o justificaron sus operaciones. CAF reafirmó su compromiso con los derechos humanos y la ética empresarial en todas sus actividades.