QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno ha cerrado un acuerdo de última hora con Esquerra Republicana (ERC) para asegurar la convalidación del decreto ley que retrasa la puesta en marcha del sistema Verifactu. A cambio, el Ejecutivo se ha comprometido a revisar el margen de actuación de los ayuntamientos sobre el superávit que generen, de forma que puedan destinarlo a políticas de carácter social.
Durante el debate parlamentario de este decreto ley, que además de posponer la implantación del nuevo sistema de facturación devuelve a Cataluña la competencia sobre la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales, ERC había mantenido en suspenso su respaldo al texto. El motivo era el rechazo del PSOE en el Senado a una iniciativa de Esquerra que planteaba permitir a los consistorios utilizar su superávit para financiar inversiones municipales.
El apoyo de la formación independentista resultaba determinante para que la convalidación saliera adelante y, en el momento de las votaciones, el grupo que encabeza Gabriel Rufián ha hecho público un acuerdo alcanzado con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ese entendimiento abre la puerta a iniciar una negociación para que los ayuntamientos con ahorros puedan emplear su superávit en políticas sociales.
Según ha precisado ERC, el calendario previsto para la tramitación de esta nueva iniciativa fija su arranque en febrero de 2026 y contempla que quede completada dentro del mismo periodo de sesiones.
Apoyo del bloque de investidura
En el resto de votaciones vinculadas al decreto, el Gobierno ha sumado igualmente el respaldo de Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Podemos, mientras que PP y Vox han optado por votar en contra.
El diputado de Junts, Josep Pagès i Massó, considera que este real decreto-ley responde a necesidades concretas de sectores muy perjudicados por “la dejadez” del Gobierno español: “autónomos, pequeñas empresas, ayuntamientos son los principales afectados”.
“Con este Real Decreto-Ley lo que vemos es que el Gobierno español por fin se ha dado por enterado y ha puesto negro sobre blanco algunas de las cuestiones que tenían pendientes con nosotros. De hecho, en el Real Decreto-Ley sólo hay temas de Junts per Cataluña”, ha puesto en valor el diputado.
Vox y PP cargan contra la “cesión al separatismo catalán”
Vox ha justificado su rechazo al decreto, ya que el diputado Juan José Aizcorbe ha alertado de que este real decreto-ley es “un envoltorio amable, con inversiones financieramente sostenibles y un posible alivio para los autónomos, que oculta “una alteración profunda de la arquitectura institucional del Estado”.
Para la formación que lidera Santiago Abascal se trata de un “obsequio” que se presenta como urgente y necesario, pero que contiene “una cesión competencial estructural” para la devolución a Cataluña de la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales.
“Hoy no discutimos sólo un decreto ley, discutimos un método de demolición institucional que usa cuerpos estatales como moneda de cambio. Hoy son los habilitados, mañana podrían ser otros vértices del Estado”, ha señalado Aizcorbe.
Por su parte, el diputado del PP, Antonio Román, sostiene que se trata de un real decreto-ley que no nace para resolver los problemas de la ciudadanía, sino para levantar “un artificio legislativo para satisfacer las exigencias del independentismo”.
“Este real decreto no puede ser convalidado por mezclar materias inconexas con una finalidad política evidente y de no cumplir el requisito constitucional de urgencia, por dañar la seguridad jurídica de los autónomos, por llegar tarde y sin diálogo en el ámbito municipal, o por romper el modelo nacional de habilitados”, ha advertido el diputado ‘popular’.
