QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha alineado este viernes con la Comisión Europea y ha respaldado la multa de 120 millones de euros impuesta a la red social X, propiedad del magnate Elon Musk. Al mismo tiempo, ha considerado “intolerables” las declaraciones realizadas por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pocas horas antes de que se hiciera pública la sanción.
“La soberanía digital europea es una prioridad política para España. Queremos dar todo nuestro apoyo a las acciones que está tomando la Comisión (Europea)”, ha señalado López durante su intervención en la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea celebrada en Bruselas.
El ministro ha explicado que “acabo de leer los mensajes que ponía anoche en X el vicepresidente de Estados Unidos (J.D. Vance), mensajes intolerables, precisamente en X, en relación con el expediente sobre X. Por lo tanto, todo el apoyo de España a las acciones que está tomando la Comisión para defender la soberanía digital europea”.
Horas antes de conocerse la decisión formal sobre la sanción a X, el vicepresidente estadounidense había publicado en esa misma plataforma que la Unión Europea debería “apoyar la libertad de expresión” en lugar de “atacar” a las compañías tecnológicas de su país.
“Circulan rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura”, afirmó J.D. Vance en un mensaje en su perfil de X en la noche del jueves.
La Comisión Europea ha comunicado este viernes la imposición de una multa de 120 millones de euros a X por varias infracciones, entre ellas el “diseño engañoso” de la marca azul de verificación de cuentas. Bruselas sostiene que este distintivo se percibe como un sello de autenticidad por parte de los usuarios pese a que su concesión es discrecional, lo que vulnera las obligaciones fijadas por la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
El Ejecutivo comunitario había abierto una investigación en julio de 2024 para determinar si esta práctica perjudicaba la capacidad de los usuarios para tomar decisiones “libres e informadas”. Tras casi dos años de pesquisas, la Comisión concluye que el modelo de verificación de X supone un fraude que “expone a los usuarios a estafas, incluida la suplantación de identidad y otras formas de manipulación”, dado que “cualquiera puede pagar” por obtener la insignia azul sin que la empresa “verifique” realmente quién está detrás de la cuenta.
La sanción también se apoya en otras vulneraciones de la DSA, como la falta de transparencia en el repositorio de anuncios y el incumplimiento de la obligación de facilitar el acceso a datos a la comunidad investigadora. Bruselas considera que la plataforma de Musk introduce obstáculos de diseño y barreras de acceso que impiden consultar con facilidad información clave para detectar estafas o campañas de desinformación.
“Engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en internet en la UE (Unión Europea)”, ha advertido la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado difundido tras hacerse pública la multa.
Su portavoz, Thomas Regnier, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas la “solidez” del expediente frente a las críticas procedentes de la Administración Trump, que acusa a la UE de aplicar una regulación excesiva dirigida a penalizar a las grandes tecnológicas estadounidenses. “Nos complace decir que es una multa proporcionada, porque en la Comisión actuamos de forma proporcionada”, ha concluido Regnier.
Los servicios comunitarios recuerdan que la normativa europea de servicios digitales prohíbe de forma explícita que las plataformas empleen patrones de diseño engañosos y que, aunque la DSA no obliga a verificar a los usuarios, sí veta que se afirme falsamente que las cuentas han sido verificadas cuando no se ha llevado a cabo ese proceso de autentificación.
Además, la Comisión sanciona a X por no respetar las exigencias de transparencia y accesibilidad de la DSA en su archivo de anuncios, considerado una herramienta “fundamental” para que usuarios e investigadores puedan identificar fraudes o campañas coordinadas de desinformación. Otro aspecto que Bruselas da por probado es la existencia de trabas para que los investigadores accedan de forma independiente a los datos públicos de la plataforma, incluso mediante técnicas de ‘scraping’.
En total, la multa asciende a 120 millones de euros, desglosados en 45 millones por las irregularidades vinculadas al ‘tic’ azul, 35 millones por las deficiencias en el repositorio de anuncios y 40 millones por las restricciones al acceso a datos.
Presión sobre Meta y fallo judicial en España
En paralelo a la actuación contra X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace unas semanas su intención de llamar a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de otra gran tecnológica estadounidense, Meta, matriz de servicios como Facebook, Whatsapp o Instagram.
El objetivo, según detalló Sánchez, es que expliquen un supuesto caso de espionaje “sistemático y masivo” a usuarios. Esta iniciativa se suma a la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, hecha pública el pasado 20 de noviembre, que condena a Meta a abonar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI). El tribunal considera que la compañía obtuvo una ventaja competitiva significativa al comercializar publicidad en Facebook e Instagram vulnerando el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Sobre estos asuntos, López ya había señalado en un acto celebrado hace un par de semanas que el propósito del Gobierno es que “haya responsabilidad” por parte de los propietarios de las plataformas y que se combata el anonimato que ampara delitos y acosos en redes sociales.
Choque regulatorio con Estados Unidos
Las tensiones entre Bruselas y Washington por la regulación digital vienen de atrás. A comienzos de marzo, durante el Mobile World Congress, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Brendan Carr, advirtió a la Unión Europea de que defenderá los intereses de las ‘big tech’ estadounidenses frente al “proteccionismo regulatorio” que, a su juicio, se está aplicando en Europa.
Carr se refirió en concreto a la DSA, que junto con la Ley de Mercados Digitales persigue configurar un entorno digital más seguro, en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan condiciones de competencia equitativas para las empresas.
En esa misma línea, a finales del pasado agosto, en el contexto de las medidas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, el propio mandatario amenazó con imponer nuevas y “sustanciales” tasas a los países que no retirasen los impuestos o regulaciones digitales que considera perjudiciales para las grandes tecnológicas de su país.
“Advierto a todos los países con impuestos, legislación, normas o regulaciones digitales que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, (…) impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a Estados Unidos e implementaré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos”, afirmó el presidente norteamericano en su red Truth Social.
