El Ejecutivo español ha solicitado a la Comisión Europea una extensión del plazo para enviar la información requerida respecto al expediente de infracción iniciado en julio, relacionado con las facultades discrecionales que ciertas leyes españolas conceden al Gobierno para intervenir en operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía citadas por Europa Press, el Gobierno busca más tiempo para cumplir con el requerimiento y anticipa una respuesta de la Comisión Europea en breve. El período máximo para responder es de aproximadamente seis semanas.
La petición de prórroga se ha efectuado justo antes de que expirara el tiempo originalmente asignado, que concluía esta semana, según reporta ‘elEconomista’.
Las incertidumbres de la Comisión Europea incluyen desde la necesidad de una reforma profunda en la transposición de dos directivas europeas hasta interrogantes sobre si la intervención gubernamental en la operación obedece a un legítimo interés público.
Además, Bruselas considera que no es procedente elevar las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros. Sin embargo, este procedimiento no influirá directamente en la transacción de BBVA sobre Sabadell, dado que la preocupación de la Comisión se centra en la congruencia de la legislación española con el Derecho de la UE.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ya manifestó en julio su disposición a colaborar de manera constructiva para dilucidar y esclarecer «cualquier diferencia jurídica o técnica».
Desde el Ministerio se subraya que la legislación en cuestión ha estado en vigor durante varios años y se ha aplicado en múltiples ocasiones desde su implementación. La ley de Defensa de la Competencia se estableció en 2007 y la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito en 2014.