El Gobierno ha declarado que «no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes» en relación al futuro de las centrales nucleares en el país, enfatizando que «ninguna de las empresas ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que pretenda renunciar a sus peticiones iniciales».
En junio, tanto Endesa como Iberdrola enviaron una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, proponiendo una extensión en la operatividad de las centrales nucleares. ‘El País’ reportó este jueves que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, respondió a las empresas, mostrando apertura a revisar el calendario nuclear bajo ciertas condiciones.
Fuentes del ministerio confirmaron que se comunicó a Endesa e Iberdrola que la propuesta del Gobierno incluye ciertas condiciones inamovibles para procesar cualquier petición formal, tales como la seguridad de las personas y el suministro, sin imponer costos adicionales a los ciudadanos. A juicio del Ministerio, la propuesta de las eléctricas es meramente «una declaración de intenciones, en ningún caso una petición formal, que plantea modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos».
Por otro lado, la propuesta de prolongación de la vida útil de las centrales nucleares presentada en junio por Endesa e Iberdrola no incluyó a Naturgy ni a EDP, que forman parte del acuerdo de cierre pactado en 2019 con Enresa para terminar la operación del parque nuclear entre 2027 y 2035. En centrales como la de Almaraz, existe una comunidad de bienes que requiere unanimidad en las decisiones, sin importar el porcentaje de participación de cada empresa.
En cuanto a la fiscalidad, un estudio de EY señala que España es el único país con impuestos adicionales sobre las centrales nucleares, representando una carga significativa para los operadores. José Bogas, consejero delegado de Endesa, mencionó en una reciente conferencia que es probable una extensión de tres años en el plan de cierre del parque nuclear, basada en razones técnicas, aunque la decisión final la tiene el Gobierno.











