El Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) celebrarán la próxima semana un nuevo encuentro para dar el empujón definitivo al acuerdo sobre la jornada laboral de 35 horas en la AGE, que empezará a aplicarse a partir del próximo viernes, según ha señalado UGT en un comunicado.
El Gobierno ha citado a las centrales sindicales los días lunes 23 y miércoles 25 de marzo en dos reuniones técnicas con el objetivo de cerrar los detalles de la medida -- que deberá recibir el visto bueno formal en la Mesa General de Negociación de la AGE --, incluida en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, firmado por UGT y CCOO con el Ejecutivo y cuyo desarrollo Función Pública se comprometió a poner en marcha desde marzo.
En esas mismas fechas, 23 y 25 de marzo, el Ejecutivo también someterá a negociación en la comisión técnica de temporalidad y empleo la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, así como la normativa que regulará el acceso de las personas con discapacidad a la AGE.
Para UGT Servicios Públicos, la jornada de 35 horas no puede mantenerse como una simple mejora voluntaria, sino que debe consolidarse como un derecho efectivo y extensivo a todo el personal de la Administración General del Estado. El sindicato ha dejado claro que no permitirá que su puesta en marcha suponga recortes en conciliación o flexibilidad, ni un deterioro en la calidad del servicio público.
En relación con la nueva Oferta de Empleo, UGT Servicios Públicos ha instado al Gobierno a asegurar que la reducción de jornada a 35 horas sea plenamente compatible con la calidad de la atención que la Administración presta a la ciudadanía.
En el ámbito del empleo, la organización sindical ha avanzado que continuará reclamando la creación de empleo neto y ha exigido a Función Pública que cumpla los compromisos incluidos en ofertas anteriores que aún no se han ejecutado en su totalidad. En este sentido, ha reclamado acelerar los procesos selectivos para que arranquen en el mismo ejercicio de su publicación y acortar los tiempos hasta su resolución definitiva.
UGT ha denunciado igualmente que siguen sin convocarse las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. En total, 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna permanecen pendientes, lo que, a juicio del sindicato, impacta de forma negativa tanto en la calidad del servicio público como en las perspectivas profesionales del personal de la AGE.
El sindicato ha vuelto a poner el foco en la necesidad de reforzar las plantillas en aquellos organismos con una elevada carga de trabajo y gran demanda de atención ciudadana, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería y, de forma especial, la Seguridad Social, donde en numerosos casos resulta muy complicado conseguir una cita previa.
En cuanto a la regulación del acceso de las personas con discapacidad a la AGE, UGT ha reiterado su apuesta por una Administración del Estado diversa, inclusiva y accesible, que garantice el ejercicio pleno de los derechos laborales y sociales de todo el personal de la AGE.