Gobiernos autonómicos del PP critican la gestión del nuevo Plan Estatal de Vivienda por parte del Gobierno

Líderes del PP en varias autonomías critican la falta de diálogo y lealtad en la gestión del nuevo Plan Estatal de Vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con algunos consejeros de Viviendas de las comunidades.Alberto Ortega - Europa Press

Las autoridades de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han expresado su descontento este jueves con la gestión unilateral y autoritaria del Gobierno en la formulación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al mismo tiempo que han acusado a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de mostrar una «falta de lealtad» en la negociación de este plan.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha representado a estas comunidades y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en una reunión en Madrid con la ministra Rodríguez. En el encuentro, celebrado en una conferencia sectorial, se ha discutido la polémica propuesta del Ministerio.

Este desacuerdo se ha manifestado tras un comunicado emitido el lunes por las regiones del PP, que se oponen a la exigencia del Gobierno de que las autonomías financien el 40% del plan, alegando que esto rompe con el principio de igualdad entre los españoles y las diferentes comunidades autónomas.

LAS CCAA «TIENEN QUE SER PROTAGONISTAS»

Suárez-Quiñones ha remarcado que el plan debe fundamentarse en la lealtad institucional, una cualidad que, según él, falta en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Ha criticado la postura del ministerio, acusándolo de actuar de manera unilateral y autoritaria y ha reivindicado un mayor protagonismo de las comunidades autónomas en la elaboración y ejecución del plan.

El plan contempla una inversión de 7.000 millones de euros, triplicando la cantidad del plan precedente. De esta suma, el Estado cubrirá el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. Además, se ha prometido proteger permanentemente el parque público de vivienda y desarrollar un sistema de datos públicos para mejorar la transparencia, según ha anunciado el Gobierno.

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