El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, formalizarán este jueves el pacto alcanzado para sacar adelante los Presupuestos catalanes, después de consensuar una reforma de la ley de urbanismo destinada a limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya, con la previsión de que entre en vigor “antes de verano”.
Según han explicado a Europa Press fuentes implicadas en el diálogo, esta modificación se incorpora al acuerdo presupuestario como un anexo específico, y la intención es que se tramite en el Parlament mediante el procedimiento de lectura única.
El cambio normativo en la ley de urbanismo permitirá a los ayuntamientos catalanes diseñar planes especiales que restrinjan la adquisición de viviendas a personas físicas que quieran vivir en ellas, contemplando determinadas excepciones.
La medida se activará en áreas declaradas como zonas de mercado tensionado y se mantendrá mientras conserven dicha catalogación. El objetivo del Govern y los Comuns es que los consistorios puedan aplicarla antes de las elecciones municipales de 2027. Además, asociaciones privadas y entidades sociales tendrán la posibilidad de elevar propuestas a los plenos municipales para que se debatan estos planes.
4 viviendas para pequeños propietarios
En el caso de los pequeños propietarios, se permitirá la compra de hasta 4 viviendas dentro del municipio donde tengan su residencia habitual (la propuesta inicial de los Comuns fijaba el límite en una sola vivienda), siempre que se destinen al alquiler con el índice de precios topado, o bien a residencia habitual propia o de familiares hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).
Por el contrario, los grandes tenedores no podrán adquirir pisos de forma individual, sino únicamente edificios completos, y quedarán obligados a destinar sus viviendas a uso residencial con el alquiler sujeto a precios máximos.
Además, se prevén mecanismos para garantizar que, en caso de compra por parte de grandes propietarios, la operación se haga sobre el edificio completo y de una sola vez (bajo las condiciones de alquiler topado), evitando así adquisiciones escalonadas piso a piso hasta hacerse con todo el inmueble.
Segundas residencias y excepciones
La normativa permitirá seguir comprando segundas residencias en un municipio distinto al de residencia habitual, tanto para pequeños como para grandes propietarios, pero estas viviendas no podrán destinarse al alquiler.
Las administraciones públicas y las fundaciones dedicadas a la vivienda social, así como entidades del tercer sector, quedarán excluidas de estas restricciones de compra cuando el uso de los inmuebles sea para alquiler protegido, social o asequible.
“Primera comunidad” en aplicar el modelo
Los Comuns, principales impulsores de la iniciativa durante la negociación presupuestaria, sostienen que con esta reforma Catalunya pasará a ser “la primera comunidad autónoma” que disponga de una herramienta específica para vetar las compras especulativas de vivienda por parte de grandes tenedores y fondos buitre.
Recuerdan que medidas de este tipo ya se aplican en otros países como Singapur, Dinamarca, Austria, Canadá, Suiza o Países Bajos.
Con este nuevo marco, insisten, “nadie podrá comprar para especular”, ya que cualquier nueva adquisición de vivienda deberá destinarse a residencia habitual o al alquiler con precios limitados.