Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha solicitado al Gobierno la suspensión de la Red Troncal Española de Hidrógeno y las infraestructuras relacionadas hasta que se efectúe una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
En una declaración, EAC ha indicado que Enagás Infraestructuras de Hidrógeno ha introducido el proyecto conjunto de ‘Infraestructura interior de hidrógeno en España’, dividido en 15 proyectos, y el proyecto de almacenamiento de hidrógeno en materiales salinos situado en Polanco (Cantabria).
La organización ha criticado que la división del proyecto conjunto «no es admisible y sienta un mal precedente para su tramitación ambiental», exigiendo al Gobierno que Enagás respete la normativa actual y presente un informe de Evaluación Ambiental Estratégica que abarque todas las infraestructuras «con idénticas obligaciones que las que tienen los gestores de la Red Eléctrica de alta y media tensión».
Varias organizaciones de la red ‘Gas No Es Solución’, incluyendo a Ecologistas en Acción, han presentado objeciones formales ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación a los procesos de información pública actualmente abiertos para los diferentes segmentos del proyecto ‘Infraestructura interior de hidrógeno en España’, que forman parte de la Red Troncal Española de Hidrógeno. Estas organizaciones demandan la detención inmediata de los procesos hasta que se apruebe una legislación que permita una EAE «adecuada de todos los planes y programas asociados».
Las entidades de la red ‘Gas No Es Solución’ argumentan que este gran proyecto de transporte de hidrógeno, promovido por Enagás Infraestructuras de Hidrógeno, «carece de la planificación ambiental exigida por la legislación vigente europea y estatal», a diferencia de la red de transporte eléctrico.
«Estamos ante una infraestructura altamente interrelacionada que afecta a diferentes territorios, recursos y comunidades de manera acumulativa y sinérgica y que, sin embargo, se está tramitando por tramos aislados y sin una visión global y estratégica», ha destacado el portavoz de Ecologistas en Acción Cantabria, Luis Cuena.
Entre los argumentos destacados, se enfatiza el limitado desarrollo actual del mercado del hidrógeno en España (con solo 33 Mw de electrolizadores en funcionamiento) frente a las proyecciones «desmesuradas» de hasta 74 Gw incluidas en los planes del promotor, cuyo objetivo principal sería la exportación de hidrógeno renovable hacia Francia y Alemania a través del corredor H2Med.
Según los ecologistas, esta expansión necesitaría instalar decenas de Gigavatios adicionales de generación renovable exclusiva, «con serias implicaciones para los territorios y el medio ambiente».
La ONG también denuncia que la iniciativa «está orientada al beneficio de los grandes operadores energéticos y está sostenida con fondos públicos, sin que se haya demostrado su viabilidad ni su aporte real a la descarbonización». «Estamos asistiendo a un nuevo caso de inyección de dinero público a una infraestructura privada con enormes riesgos de greenwashing institucionalizado, donde se sustituye la planificación democrática y ambiental por un modelo dictado por el oligopolio energético», subraya Cuena.
‘Gas No Es Solución’ reconoce que el hidrógeno verde, y sus derivados, está destinado a jugar un papel crucial en el proceso de descarbonización de ciertos sectores difíciles de electrificar, como algunas industrias, la fabricación de maquinaria pesada o el transporte marítimo y aéreo. Por ello, considera «fundamental un análisis estratégico del impacto de dichas infraestructuras de producción, de transporte y de las plantas de energía renovable asociadas, que junto con un estudio de la demanda actual y futura de hidrógeno verde, promueva las infraestructuras de hidrógeno realistas que favorezca la rápida descarbonización minimizando el impacto en los territorios donde se quieran implantar».
En las objeciones se reclama no sólo la Evaluación Ambiental Estratégica para todo el conjunto de la Red Troncal, sino también una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria completa para cada uno de los segmentos, que considere los efectos sinérgicos y acumulativos. Se advierte que la división del proyecto podría estar violando la legislación europea y española, que obliga a considerar los impactos acumulados de infraestructuras como son las grandes conducciones de hidrógeno.
Para Cuena, «no se puede hablar de transición energética sin organizar los usos del suelo, evaluar los impactos globales y garantizar la participación ciudadana». En este sentido, ha insistido en demandar una transición «verdaderamente democrática, descentralizada y socialmente justa, donde las decisiones estratégicas se tomen con información transparente, participación efectiva y evaluación ambiental rigurosa».