Gualda (SEPI) sostiene que Plus Ultra es estratégica para la conectividad y el turismo en España

Belén Gualda defiende en el Senado que Plus Ultra era estratégica, solvente y cumplía todos los requisitos para recibir los 53 millones de la SEPI.

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La Presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González. Eduardo Parra - Europa Press

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La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido que Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, reunía la condición de “estratégica” por su papel como operador de largo radio y por su aportación al turismo y a la economía nacional.

En su intervención ante la Comisión de Investigación sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI en el Senado, Gualda ha recordado que la Comisión Europea ya consideró el transporte como un sector estratégico en sí mismo y ha insistido en que “no importa que fueran empresas pequeñas”.

La responsable de la SEPI ha subrayado que la compañía era solvente, puesto que, de no serlo, no podría mantener la licencia otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y ha apuntado que una empresa puede registrar pérdidas y seguir siendo solvente.

Gualda ha resaltado igualmente que Plus Ultra forma parte del grupo de 20 aerolíneas con licencia de “Tipo A” existentes en España “frente a muchas compañías europeas”, lo que implica que “no importa si son estratégicas”, sino que garantiza la operativa de vuelos de gran capacidad. A su juicio, “España hubiera sido menos competitiva en turismo y economía con menos licencias de 'Tipo A' en el aeropuerto de Madrid”.

Ha enfatizado también que la ayuda se concedió a la sociedad y no a sus accionistas, de modo que el análisis se centró en la situación de la empresa y no en las personas físicas que formaban parte de su capital.

En consecuencia, ha reiterado que Plus Ultra cumplía los 13 criterios de elegibilidad exigidos por la normativa para acceder a este instrumento, algo que, según ha indicado, quedó acreditado en la auditoría desarrollada durante “casi dos años” por el Tribunal de Cuentas y que, además, se ha confirmado en sede judicial al determinarse que no existe ningún “ilícito penal” vinculado a este expediente.

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