El Ministerio de Hacienda está dispuesto a estudiar una posible revisión de la deducción actual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para ajustarla al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) previsto para 2026, aún pendiente de concretarse, según ha avanzado “El País” y han ratificado a Europa Press fuentes del Departamento que encabeza María Jesús Montero.
Desde Hacienda sostienen que el SMI debe incrementarse con el fin de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores con sueldos más reducidos, un colectivo que, de acuerdo con los datos estadísticos, está especialmente compuesto por mujeres y jóvenes.
Las mismas fuentes subrayan que, en lo relativo al tratamiento fiscal del SMI, lo esencial es que el salario neto de quienes perciben esta remuneración mínima se vea incrementado, de forma que se cumpla la Carta Social Europea, que exige que el salario mínimo no se sitúe por debajo del 60% del salario medio nacional neto.
La comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo en la revisión del SMI presentará este viernes sus conclusiones a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Dicho grupo de expertos trasladará a Díaz dos posibles escenarios de subida del SMI para 2026: uno que contempla su sujeción al IRPF y otro en el que continuaría exento. En la actualidad, el SMI se sitúa en 1.184 euros mensuales en catorce pagas.
En detalle, los especialistas proponen elevar el SMI para el próximo año en casi 37 euros al mes, hasta 1.221 euros mensuales en catorce pagas, en el supuesto de que siga sin tributar, o aumentarlo en alrededor de 56 euros mensuales, hasta 1.240 euros al mes, si finalmente se decide someterlo a tributación en el IRPF.
En términos relativos, estos incrementos equivaldrían a un 3,1% en el primer escenario (sin tributación) y a un 4,7% en el segundo (con tributación), porcentajes que, según los expertos, permitirían que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio, tal y como fija la Carta Social Europea.
Las recomendaciones de la comisión se distancian de las planteadas de forma conjunta por CCOO y UGT y también de las propuestas formuladas por las patronales CEOE y Cepyme.
En particular, las organizaciones empresariales han defendido un incremento del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que implicaría situarlo en 1.202 euros brutos mensuales, en catorce pagas, sometidos a tributación en el IRPF.
Por su lado, los sindicatos CCOO y UGT reclaman una subida de esta renta mínima del 7,5%, hasta 1.273 euros brutos al mes en catorce pagas, con tributación obligatoria en el IRPF.