El Estado deja de ingresar cada año entre 21.000 y 51.000 millones de euros por rentas que no se declaran en el IRPF. Esta horquilla supone entre el 19% y el 47% de toda la recaudación de este tributo y equivale a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB, tomando como referencia los datos de 2022, de acuerdo con un estudio difundido este lunes por Fedea.
El trabajo, firmado por Jaime Vallés y Anabel Zárate, de la Universidad de Zaragoza, mide la brecha fiscal asociada al IRPF en las 15 comunidades autónomas de régimen común entre 2003 y 2022, entendida como la renta no declarada, y estima el coste recaudatorio bruto derivado de esa brecha, que alcanza un máximo de 51.000 millones de euros.
Los autores precisan que esta brecha debe entenderse como una aproximación a un límite superior del fraude, ya que, además de la ocultación deliberada de ingresos, puede incorporar elementos de elusión fiscal o desajustes conceptuales y estadísticos entre fuentes. Subrayan, además, que no es equiparable a la economía sumergida, que incluye también actividades ilegales, empleo no declarado y otros impuestos.
El coste neto para Hacienda se reduce hasta 41.000 millones
Al restar los casi 10.000 millones de euros de IRPF que la Agencia Tributaria logró recuperar en 2022 mediante actuaciones de control, el coste recaudatorio neto se sitúa entre 11.300 y 41.300 millones de euros, es decir, entre el 0,8% y el 3% del PIB.
El análisis de Fedea señala que el grueso de esta pérdida procede de rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario no declaradas en el IRPF, mientras que las rentas del capital mobiliario, junto con las del trabajo, representan una fracción mucho menor del agujero recaudatorio.
La renta no declarada se reduce, pero sigue siendo elevada
Los resultados apuntan a una mejora continuada del cumplimiento fiscal agregado en el IRPF a lo largo de las dos últimas décadas. A principios de los 2000, la renta declarada suponía alrededor del 70-75% de la renta real, mientras que en los años más recientes se ha situado en el entorno del 80-85%. Pese a este avance, la brecha fiscal sigue siendo considerable: en 2022, la renta no declarada rozó los 112.000 millones de euros.
Por categorías de renta, las del trabajo presentan los mayores niveles de cumplimiento, con tasas cercanas o superiores al 90%. Esta elevada adhesión se explica por el sistema de retención en origen aplicado por las empresas, que limita de forma muy efectiva las posibilidades de ocultar ingresos.
En cambio, las rentas distintas del trabajo (inmobiliarias, mobiliarias y de actividades económicas), con una trazabilidad administrativa mucho más reducida, exhiben grados de cumplimiento notablemente inferiores. Aunque han mejorado de forma sensible, en 2022 persistía una brecha fiscal equivalente a casi la mitad de estas rentas.
Mejora generalizada del cumplimiento en todas las comunidades
El estudio territorial muestra un avance general del cumplimiento fiscal agregado en todas las comunidades autónomas y una menor disparidad entre regiones. Las subidas más intensas se observan en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que los progresos más contenidos se registran en Asturias y Aragón.
Si se atiende al tipo de renta, el cumplimiento en las rentas del trabajo mejora en todas las autonomías, con incrementos más acusados donde el punto de partida era más bajo, lo que ha favorecido una clara convergencia territorial. En las rentas distintas del trabajo, sin embargo, la evolución es más desigual: algunas comunidades, como Madrid, muestran avances muy relevantes, mientras que otras, como Murcia o Asturias, apenas registran cambios, generando un mapa de cumplimiento más polarizado que hace veinte años.
Los responsables del informe alertan de que esta brecha fiscal tiene un fuerte impacto en términos de eficiencia, equidad y sostenibilidad de las cuentas públicas, al reducir la recaudación, introducir desigualdades entre contribuyentes y forzar potencialmente un aumento de la carga fiscal sobre quienes sí cumplen.
Por este motivo, señalan que en algunos países se elaboran estimaciones oficiales periódicas para monitorizar el cumplimiento fiscal y orientar las políticas de control tributario. En España, en cambio, no existen estimaciones oficiales de este indicador.
Así se ha calculado la brecha fiscal del IRPF
La metodología del estudio se basa en comparar la renta declarada en el IRPF, a partir de microdatos fiscales de declarantes y no declarantes, con la renta real de los hogares que ofrece la Contabilidad Regional de España. Dado que ambas fuentes no son plenamente homogéneas, se aplican diversos ajustes apoyados en información adicional.
La proporción de renta real que se declara se interpreta como grado de cumplimiento fiscal, mientras que la diferencia hasta el 100% se considera brecha fiscal. El ejercicio se centra en las categorías de renta donde la correspondencia entre fuentes es más fiable: rentas del trabajo, rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario, y rentas del capital mobiliario.
Los autores concluyen que el impacto recaudatorio pone de manifiesto que, incluso en el escenario más prudente, con una pérdida neta de 11.300 millones, la brecha fiscal del IRPF supone un volumen de recursos equiparable al de algunas de las grandes partidas de gasto público, lo que refuerza la relevancia de este fenómeno para las finanzas del Estado y la necesidad de afrontarlo.