La Agencia Tributaria ha desarticulado una trama de fraude de IVA en el negocio de los hidrocarburos, con presencia en todo el país y articulada en torno a 38 sociedades, a la que se atribuye un perjuicio superior a 300 millones de euros en 2024.
Según ha detallado el organismo en un comunicado difundido este viernes, se trata de una de las dos mayores tramas de IVA descubiertas hasta ahora en España en este ámbito.
En los 18 registros practicados en doce municipios de siete provincias se han intervenido numerosos inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, una cantidad relevante de efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor.
Detenidos cinco cabecillas de la red
En el marco de la operación “Pamplinas Stars”, en la que han participado más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido arrestadas cinco personas señaladas como responsables de la organización criminal, entre ellas uno de sus principales dirigentes, que ya ha ingresado en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación de esta “macrotrama” de defraudación se inició a mediados de 2024, cuando la Agencia comenzó a examinar el posible fraude de un operador mayorista que empezó a comercializar grandes volúmenes de hidrocarburos a finales de 2023.
En ese momento aún no se había aplicado la reforma normativa que entró en vigor en enero de 2025, por la que las empresas inscritas en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, deben presentar autoliquidaciones mensuales y estar integradas en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. Así, esta operadora continuaba presentando declaraciones trimestrales y solo estaba obligada a identificar a sus clientes y proveedores una vez al año ante la Agencia Tributaria.
Uso de sociedades instrumentales y baja en el Redef
El esquema de fraude de la primera operadora se habría apoyado en declarar trimestralmente cuotas de IVA devengado muy por debajo del volumen real de ventas y, al mismo tiempo, cuotas de IVA soportado muy superiores a las efectivamente soportadas. La investigación puso de relieve que actuaba a través de empresas instrumentales, que eran las que, de forma formal, facturaban a los destinatarios finales el combustible extraído por la primera.
Cuando la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora a mediados de 2024, la actividad fraudulenta se mantiene mediante una segunda empresa, que inicia la venta de grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024. En apenas un mes, la Agencia también la excluye del registro. Entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado, según los investigadores, 123 millones de euros.
A mediados de diciembre de 2024 comienza la operativa irregular de una tercera empresa que, hasta entonces, se dedicaba a vender hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que proceda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. Cinco días después del arranque de su actividad fraudulenta, la Agencia también procede a su baja en el Redef.
Tres mayoristas expulsadas del mercado
Con las tres operadoras inhabilitadas para actuar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas del mercado, las pesquisas continúan bajo la dirección del Juzgado de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional y con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.
La Agencia Tributaria terminó destapando una “vasta y compleja” red integrada por hasta 38 sociedades, diseñada con un doble objetivo: facilitar la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y canalizar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para dificultar su seguimiento.
Parte del dinero obtenido por la organización, que disponía además de una extensa red de testaferros y del apoyo de asesorías legales para sostener su actividad ilícita, se destinaba a la compra de sociedades ya dadas de alta en el Redef, con el fin de asegurar la continuidad del fraude.
Según ha precisado la Agencia, este sistema permitía un “rápido aumento” de las ventas a precios reducidos gracias al impago del IVA y una rápida expansión de la operativa por todo el territorio nacional, concentrando en un corto periodo de tiempo el impacto del fraude sobre la Hacienda pública y la competencia en el sector.