Hay Derecho alerta de que la independencia de la AIReF peligra con la candidata propuesta por Hacienda

La Fundación Hay Derecho cuestiona el relevo de Cristina Herrero en la AIReF y advierte de un grave riesgo para la independencia del organismo.

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La expresidenta de AIReF, Cristina Herrero, el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas, y la directora de la División de Análisis Económico, Esther Gordo. Jesús Hellín - Europa Press

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La Fundación Hay Derecho ha alertado este lunes de que la autonomía de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) podría verse comprometida, ya que la persona propuesta por el Gobierno para relevar a Cristina Herrero al frente del organismo ocupa actualmente un alto cargo en el Ministerio de Hacienda.

“No por esperada y anticipada, la propuesta del Gobierno para sustituir a Cristina Herrero al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es menos preocupante”, ha señalado la Fundación en su último artículo editorial que recoge Europa Press.

La propuesta del Ejecutivo es Inés Olóndriz, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona y con trayectoria previa en el ámbito privado, pero que en la actualidad forma parte de la cúpula del Ministerio de Hacienda. En concreto, desempeña el cargo de secretaria general de financiación autonómica y local, lo que la ha llevado a implicarse directamente en la elaboración del nuevo modelo de financiación autonómica.

Para la Fundación Hay Derecho, este vínculo directo con el Ministerio es precisamente lo que la descalifica, al margen de su currículum, para encabezar una institución cuya misión principal es “ponerle pegas” al Gobierno en general y al Ministerio de Hacienda en particular.

Por este motivo, la entidad considera que la propuesta del Ejecutivo supone avanzar justo en sentido contrario al espíritu con el que se creó la AIReF, y sostiene que Inés Olóndriz no debería ser nombrada nueva presidenta del organismo.

“Si el nombramiento sale adelante, será una pésima noticia para las instituciones, pero también para los ciudadanos españoles. La reputación de profesionalidad, rigor e imparcialidad se puede destruir sencillamente con un nombramiento inadecuado. Desgraciadamente, en España esto parece ser una tendencia más que una excepción”, concluye el editorial.