Los sindicatos ELA y LAB han convocado este martes 17 de marzo una huelga general en Euskadi y Navarra para reclamar un salario mínimo de 1.500 euros y más competencias laborales. La movilización contará también con el apoyo de decenas de organizaciones sociales, que denuncian el empobrecimiento de la clase trabajadora y el aumento de la precariedad.
Actualmente, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España se sitúa en 1.221 euros mensuales, una cifra que los convocantes consideran insuficiente para garantizar condiciones de vida dignas en ambos territorios.
Demanda de competencias propias
Las centrales sindicales defienden que la reivindicación de un salario mínimo de 1.500 euros está ligada también a una demanda de mayor autonomía en materia laboral. En concreto, reclaman que Euskadi y Navarra puedan fijar su propio salario mínimo, adaptado al coste de vida y a la realidad socioeconómica de la región.
Desde los sindicatos convocantes sostienen que esta reivindicación responde a un “reparto más justo de la riqueza” y a la necesidad de combatir la precariedad laboral, especialmente entre jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes, colectivos que —según sus datos— concentran los mayores niveles de vulnerabilidad económica.
CCOO y UGT se desmarcan de la huelga
La convocatoria no cuenta con el respaldo de Comisiones Obreras (CCOO) ni de Unión General de Trabajadores (UGT), que en Euskadi tienen menor peso sindical y que apuestan por otra vía para elevar los salarios.
Ambas organizaciones defienden negociar un acuerdo con la patronal en el marco de la negociación colectiva, con el objetivo de establecer un salario mínimo de convenio adaptado a la realidad económica vasca, una fórmula que consideran con mayor seguridad jurídica que la propuesta de los sindicatos convocantes.
Servicios mínimos en transporte, sanidad y educación
La huelga general tendrá una duración de 24 horas y podría afectar al funcionamiento habitual de numerosos servicios públicos. El **Gobierno Vasco ha establecido servicios mínimos para garantizar la actividad esencial en sectores clave.
En el transporte público, metro, autobuses y tranvías deberán operar al menos al 30% de su capacidad, con especial refuerzo en las horas punta. En sanidad, se garantizará el 100% de los servicios de urgencias, mientras que la atención hospitalaria deberá mantener el personal imprescindible para los pacientes ingresados.
En educación, los centros deberán contar al menos con un profesor por etapa educativa, además de personal directivo y de apoyo para garantizar el acceso a los centros. En las residencias de mayores, se mantendrá al menos el 50% del personal de atención directa.