Vineyard Wind, la 'joint-venture' formada por la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid, y la gestora Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ha presentado ante un tribunal federal de Massachusetts una petición para lograr una orden judicial que frene la suspensión de trabajos dictada por la Administración de Donald Trump sobre su parque eólico marino (offshore) “Vineyard Wind 1”.
En detalle, la compañía ha solicitado una orden de restricción temporal y una medida cautelar contra la orden de paralización emitida el pasado 22 de diciembre por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Interior de Estados Unidos, que detuvo las actividades en cinco concesiones eólicas marinas, entre ellas “Vineyard Wind 1”.
Según ha señalado en un comunicado, Vineyard Wind mantiene su colaboración con la Oficina de Gestión de Energía Oceánica, la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental, “y otras partes interesadas y autoridades pertinentes de la Administración para comprender los asuntos planteados en la orden”.
Pese a ello, la empresa conjunta de Avangrid y CIP sostiene que la decisión “viola la legislación aplicable y, de no ser prontamente derogada, provocará daños inmediatos e irreparables al proyecto y a las comunidades que se beneficiarán de esta fuente crucial de energía para la región de Nueva Inglaterra”.
El alcance de la orden en el caso de “Vineyard Wind 1” no repercutía sobre el 80% del desarrollo de Iberdrola y CIP, ya que únicamente se aplicaba a los activos que todavía no habían entrado en operación.
“Vineyard Wind 1”, que desde comienzos de 2024 venía completando las tareas de puesta en marcha, tenía ya la mayoría de sus aerogeneradores suministrando electricidad desde hace meses a cerca de 400.000 hogares en Massachusetts, y solo quedaban por instalar dos de las 62 torres que conforman el complejo.
El proyecto “Vineyard Wind 1” estará integrado por 62 aerogeneradores del modelo GE Haliade-X, con una potencia de hasta 13 megavatios (MW) cada uno, y una capacidad total de 806 MW, suficiente para abastecer a más de 400.000 viviendas y negocios en la Commonwealth de Massachusetts.
Además de “Vineyard Wind 1”, la orden que paralizaba las obras afectaba a otros parques en construcción: “Revolution Wind”, de 704 MW y promovido por Orsted; “Sunrise Wind”, de 924 MW; “Coastal Virginia Offshore Wind”, de 2.600 MW; y “Empire Wind 1”, de 810 MW, impulsado por Equinor.
Primeras victorias judiciales para Orsted y Equinor
El pasado lunes, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ya otorgó la medida cautelar reclamada por Revolution Wind, sociedad participada al 50% por Skyborn Renewables (Global Infrastructure Partners) y la danesa Orsted, frente a la orden de suspensión que pesaba sobre el parque eólico marino en construcción frente a la costa de Rhode Island (EE.UU.), emitida igualmente el 22 de diciembre por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM).
Asimismo, este jueves se concedió otra orden judicial al proyecto “Empire Wind 1” de Equinor, bloqueando la aplicación de la orden de cierre del presidente Donald Trump y permitiendo que las obras puedan continuar.
Principal apuesta 'offshore' de Iberdrola en Estados Unidos
“Vineyard Wind 1” es la primera gran instalación eólica marina de Iberdrola en Estados Unidos. El complejo está participado al 50% por el Grupo Iberdrola, a través de Avangrid Power, filial de Avangrid, y por CIP, y supone una inversión de unos 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros), respaldada por contratos con las tres principales compañías eléctricas del Estado.
En septiembre, la Administración de Donald Trump, en el marco de su ofensiva contra este tipo de energías renovables, ya había puesto bajo revisión dos proyectos eólicos marinos de Iberdrola, New England Wind 1 y 2, al retirar la autorización para su construcción, si bien ninguno de ellos había iniciado todavía las obras.
Desde la llegada del nuevo Gobierno estadounidense, se han ido encadenando órdenes de paralización de trabajos, revocaciones de permisos o amenazas de hacerlo en distintos parques eólicos 'offshore' en desarrollo en el país.