El Gobierno ha delegado en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), una entidad con ‘autonomía funcional’, la responsabilidad de evaluar ‘ex post’ las previsiones presupuestarias, conforme a lo estipulado en un real decreto recién emitido y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.
Este decreto adapta una directiva europea al ordenamiento jurídico español, buscando fortalecer la participación nacional y la visión a medio plazo en la planificación de los presupuestos. Según lo establecido en el documento, la IGAE será la encargada de realizar una evaluación ‘ex post’ de las principales variables presupuestarias consideradas en las previsiones.
De acuerdo con la normativa europea, los resultados de estas evaluaciones, que incluirán un análisis de los supuestos económicos y una comparación con otras previsiones, serán de dominio público. Además, deberá explicarse detalladamente cualquier discrepancia significativa entre el escenario macroeconómico base y las previsiones de la Comisión Europea.
INCIDENCIA MACROECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El decreto también incorpora medidas para ajustar la política presupuestaria a los desafíos del cambio climático, obligando a publicar evaluaciones de riesgos macrofiscales relacionados y la información sobre pasivos contingentes y costes fiscales asociados a desastres naturales y climáticos.
En este contexto, la IGAE analizará y, en lo posible, hará públicos los costes fiscales generados por catástrofes y alteraciones climáticas, según lo indica un nuevo artículo en la planificación plurianual presupuestaria.