QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La programada desactivación de las dos unidades de Almaraz (Almaraz I en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028) provocará un incremento en las emisiones y en los costos de suministro eléctrico.
Un análisis difundido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con la colaboración de Diego Rodríguez (UCM y Fedea), evalúa la conveniencia de posponer este cese bajo las circunstancias actuales y proyectadas hasta finales de la década.
El estudio destaca dos criterios fundamentales. Primero, «que deben ser las consideraciones de interés general las que dirijan la decisión, y no intereses particulares por muy legítimos que estos sean». Segundo, la decisión «debería basarse en un análisis realista de la situación esperable del sector eléctrico en 2030, que no tiene por qué corresponderse completamente con los objetivos delineados en el Plan Nacional Integrado de energía y Clima (PNIEC)».
En relación con la configuración de la generación eléctrica, el autor menciona que los objetivos del PNIEC en cuanto a la expansión eólica y las capacidades de almacenamiento «resultan de imposible cumplimiento».
El cierre de las instalaciones de Almaraz, según el informe, conllevaría un uso más intensivo de ciclos combinados y una dependencia mayor del gas natural, sobre todo en momentos de baja producción fotovoltaica. Esto, a su vez, elevaría significativamente los costos asociados a los servicios de ajuste, ya en aumento tras el apagón de abril de 2025.
Además, se subraya la importancia de mantener los generadores síncronos tradicionales, en particular los que no emiten gases de efecto invernadero, como es el caso de las unidades nucleares.
El estudio también aborda la fiscalidad específica aplicada a la generación nuclear, recordando que el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, instaurado en 2012, podría ser objeto de revisión debido a la disminución de la deuda asociada a este sector. Asimismo, se sugiere que la eliminación o reducción de la tasa autonómica podría ayudar a mantener la operatividad de los grupos de Almaraz.
