QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado que el índice de referencia utilizado para la actualización anual de los contratos de alquiler ha ascendido al 2,25% interanual este octubre, alcanzando su cifra más elevada desde diciembre de 2024, cuando se registró un 2,28%.
Desde junio, el índice ha mantenido un crecimiento sostenido, superando el 2% durante cinco meses consecutivos, con un 2,10% en junio, 2,15% en julio, 2,19% en agosto y 2,22% en septiembre.
Los contratos de arrendamiento que se renueven a partir de ahora, tras la implementación de la Ley de Vivienda el 25 de mayo de 2023, deben aplicar este nuevo índice creado por el INE para su actualización anual.
El INE publica mensualmente este índice, que se empleará como tope para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, reflejado con dos decimales y basado en los últimos datos mensuales disponibles.
Este índice toma en cuenta el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y las diferencias en las tasas de crecimiento anual de ambos indicadores, además de un parámetro propuesto por la Dirección General de Política Económica, relacionado con el crecimiento a largo plazo esperado del índice.
Se aplica un coeficiente moderador a estas diferencias, propuesto por la Dirección General de Vivienda y Suelo y la Dirección General de Política Económica, en atención a la situación del mercado de alquileres.
Así, el índice de referencia servirá de límite para la actualización anual de los contratos de vivienda, siendo el menor valor entre la variación anual del IPC, la inflación subyacente y la media ajustada anual.
Con la difusión de este índice, el INE cumple con la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que establece que este índice se fijará como límite para evitar aumentos excesivos en las rentas.
En 2024, la actualización de los alquileres se limitó excepcionalmente al 3% debido al aumento de precios causado por el conflicto en Ucrania, aunque no fue el único límite impuesto por el Gobierno como respuesta a la crisis inflacionaria derivada de la guerra.
Los contratos firmados antes de mayo de 2023 seguirán actualizando su renta anualmente según el IPC o el IGC, tal como se estipule en el contrato, con un tope del 2%, según indicaron desde el Ministerio de Vivienda a Europa Press.
