El consejo de administración de Indra se reúne este jueves con la intención de dar un nuevo impulso al proyecto de integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La cita llega en un momento delicado, marcado por las reservas del Gobierno, que pretende mantener el control de la principal compañía española de defensa, y por la ofensiva judicial emprendida por Santa Bárbara Sistemas, filial en España de la estadounidense General Dynamics.
La hoja de ruta de Indra pasa por continuar con la fusión por absorción de EM&E, una operación rodeada de potenciales conflictos de interés. Los dueños de EM&E son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y consejero dominical en Indra en representación del 14,3% que EM&E ostenta en el capital de la tecnológica.
EM&E figura actualmente como el segundo mayor accionista de Indra, solo por detrás del Estado, que controla un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El Ejecutivo fue inicialmente el principal impulsor de la operación, pero en las últimas semanas han surgido dudas sobre la conveniencia de seguir adelante en los términos previstos. Más allá de los conflictos de interés detectados desde el inicio, el Gobierno quiere evitar perder el control de la empresa estratégica de defensa, especialmente en el actual contexto geopolítico.
Uno de los puntos clave del proceso es la valoración definitiva de EM&E, que condicionará el tipo de canje de acciones en una eventual fusión por absorción y, en consecuencia, la participación que pasaría a tener EM&E en el capital de Indra.
No obstante, según han publicado medios como “Expansión” y “El Confidencial” y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, en el consejo de hoy se estudiarán distintas alternativas a la fórmula de fusión por absorción inicialmente planteada.
En paralelo a las dudas del Ejecutivo, quien ha salido en defensa de la operación ha sido Amber Capital, cuarto accionista de Indra con un 7,24% del capital. El fondo considera que las partes deben remar en la misma dirección para alumbrar un “campeón nacional” de la industria de defensa, tal y como explicó el consejero delegado de Amber Capital, Camilio Azzouz, en declaraciones al diario “Cinco Días” (perteneciente al grupo Prisa, cuyo principal accionista es Amber).
Batalla judicial con General Dynamics por los contratos de artillería
Además de la posible fusión, la reunión del consejo de este jueves estará condicionada por la ofensiva legal iniciada por Santa Bárbara Sistemas (integrada en General Dynamics European Land Systems, controlada a su vez por la matriz estadounidense General Dynamics) contra la adjudicación de varios contratos militares del Ministerio de Defensa a Indra y Escribano.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo en el que se reclama, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos públicos a interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y EM&E. Estos fondos están destinados a prefinanciar los dos grandes programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización militar del Gobierno, tal y como avanzó Europa Press a comienzos de año.
Se trata de los créditos asociados a los programas de los obuses sobre ruedas (1.181 millones de euros) y sobre cadenas (1.821 millones de euros).
Paralelamente, Santa Bárbara ha confirmado su intención de activar los trámites ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) para presentar un recurso de alzada contra la adjudicación de los propios contratos, cuyo importe global asciende a 7.240 millones de euros.
Más allá de la prefinanciación aprobada el pasado octubre, los contratos se adjudicaron el 22 de diciembre, con un presupuesto cercano a 2.686 millones de euros para el obús de ruedas y de 4.554 millones de euros para el de cadenas.
Las tensiones entre Indra y General Dynamics vienen de atrás y no se limitan a los programas de obuses. El choque se remonta al año pasado, cuando Indra trató sin éxito de adquirir la planta de Trubia (Asturias) a General Dynamics, que rechazó de plano la operación.
En este contexto, Santa Bárbara acusa también a Indra de espionaje industrial, en un caso en el que se vería implicado el director jurídico de Indra, Ángel de Álvaro, que anteriormente trabajó para Santa Bárbara.
Según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras del conflicto, este último frente habría generado un profundo malestar dentro de Indra.