Indra ha firmado un acuerdo con la compañía española Aicox con el objetivo de analizar posibles vías de colaboración en los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas españolas, según han detallado ambas empresas en una nota conjunta.
El pacto contempla que las dos compañías identifiquen ámbitos en los que Aicox pueda integrarse en la cadena de suministro global de Indra, de forma que se aprovechen sus capacidades de diseño, ingeniería y fabricación, principalmente en los proyectos de modernización militar, aunque también en “otras áreas estratégicas de Indra”.
Además, “el documento define un marco de colaboración para el mercado de defensa en el ámbito de instalaciones vehiculares e integraciones”, han señalado.
Las empresas subrayan que esta alianza les permitirá encarar con mayores garantías el reto que supone el desarrollo de sistemas críticos para la defensa nacional.
En este escenario, uno de los principales ámbitos de cooperación que se barajan está ligado al programa de modernización de las radios tácticas del Ejército.
A mediados de octubre, el consejero delegado de Aicox Soluciones, Carlos Laborda, ya manifestó públicamente su disposición a colaborar con Indra en el contrato de radios tácticas militares. Para este programa, el Gobierno concedió a la compañía presidida por Ángel Escribano un préstamo de 768 millones de euros al 0% de interés para la prefinanciación.
“Debe buscar a las empresas que por meritocracia se merecen estar ahí y que han estado trabajando durante años. Deben ver la capacitación real y deben ver que de verdad se pueda dar una solución en un corto plazo (...) Aicox se pone a disposición de todos las empresas tractoras (Indra, en este caso), de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro país. Creo que todos tenemos una gran responsabilidad que debemos aceptar”, afirmó Laborda en un foro dedicado al sector defensa.
Hasta ahora, el Ministerio de Defensa había adjudicado varios de los principales contratos recientes para el suministro de radios tácticas al Ejército a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Telefónica y Aicox. En estos proyectos también jugaba un papel clave la tecnología de la israelí Elbit Systems.
En virtud de un acuerdo de transferencia de tecnología, las tres compañías colaboran para la fabricación y el mantenimiento de estos equipos en España, mientras que Aicox y Telefónica asumen el desarrollo de las especificaciones de cifrado y seguridad, fijadas por organismos nacionales como el Centro Criptológico Nacional.
Sin embargo, el veto del Gobierno español a la adquisición de armamento y tecnologías de defensa procedentes de Israel ha impedido repetir este modelo en la nueva fase de modernización de los sistemas de comunicaciones de radio táctica, incluida en las recientes inversiones militares. Esta responsabilidad ha pasado a manos de Indra, que en julio selló un acuerdo con la firma finlandesa Bittium para concurrir a este programa.
Respecto a Telefónica, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, se mostró abierto a una posible colaboración con la operadora en el contrato de radios tácticas militares, aunque por ahora esa alianza no se ha materializado.
Conviene recordar que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el principal accionista de ambas compañías: controla un 28% del capital de Indra y un 10% de Telefónica.
Contrato de inhibidores de frecuencia para Aicox
Paralelamente, esta misma semana el Ministerio de Defensa ha otorgado a Aicox un acuerdo marco, valorado en casi 12 millones de euros, para el suministro e instalación de inhibidores de frecuencia en vehículos de las Fuerzas Armadas.
Estos sistemas electrónicos emiten señales de radio destinadas a interferir o bloquear las comunicaciones inalámbricas del adversario y se emplean para proteger convoyes militares frente a posibles amenazas.
La adjudicación se ha tramitado sin publicidad al considerar el Ministerio de Defensa que Aicox es la única empresa capacitada para ejecutar el contrato por “razones técnicas”.
Según la documentación disponible en el portal de contratación del Estado y consultada por Europa Press, la duración del acuerdo será de 15 meses.