Inicio de negociaciones para la modificación del régimen de despidos en España con la reunión de Trabajo, sindicatos y empresarios

El Ministerio de Trabajo convoca a sindicatos y empresarios para discutir la reforma del despido en España este lunes.

Archivo - El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivoCarlos Luján - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Trabajo ha citado a los interlocutores sociales para este lunes, 20 de octubre, a las 9.30 horas, con el fin de comenzar las negociaciones sobre la reforma del despido en España. La sesión será dirigida por Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y colaborador cercano de Yolanda Díaz, quien lidera las conversaciones de diálogo social impulsadas por el Ministerio.

La revisión de la normativa de despidos, prevista en el programa de gobierno de PSOE y Sumar, se origina en la interpretación que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha realizado sobre la legislación española. El CEDS, que tiene su sede en Estrasburgo, ha reprobado a España por considerar que la compensación económica por despido improcedente (33 días por año trabajado) es insuficiente y no cumple con un efecto disuasivo para el empleador.

Esta valoración fue establecida en dos resoluciones, una en julio de 2024 y otra en junio de 2025, tras las denuncias presentadas por UGT y CCOO por incumplimientos del artículo 24 de la Carta Social Europea relacionado con la protección de los empleados tras un despido. Los sindicatos han urgido a Díaz a iniciar cuanto antes las discusiones para reformar la ley, de modo que las compensaciones por despidos sin justa causa sean efectivamente disuasivas y reparadoras, considerando además las circunstancias personales del trabajador.

Por otro lado, el Tribunal Supremo, respaldando las decisiones del CEDS, ha mantenido que la indemnización por despido improcedente no puede ser incrementada judicialmente sin que esto suponga una vulneración de la normativa internacional. En consecuencia, el Tribunal Supremo ha afirmado que las decisiones del CEDS no son ejecutables ni directamente aplicables entre particulares, y que requieren de una intervención legislativa para su aplicación efectiva.

Personalizar cookies