QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Acreedores de Duro Felguera, afectados por el reciente Plan de Reestructuración de la empresa, expresan su preocupación por la posibilidad de que los inversionistas mexicanos de Prodi-Familia De Miguel y los portugueses de Mota Engil-Familia Mota busquen principalmente “la transferencia hacia México de la tecnología en ingeniería de una empresa centenaria, histórica y estratégica en España”.
El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, describió el apoyo de los acreedores al Plan de Reestructuración como un “rotundo éxito”. No obstante, fuentes próximas a la mayoría de los acreedores han revelado a Europa Press su alarma por serias irregularidades en el plan propuesto, cuestionando también la pasividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Principado de Asturias y los administradores de la compañía.
Estas fuentes indican que tras la entrada de los nuevos inversores, la empresa ha minimizado su actividad en España, mostrando en el plan una crítica situación que no correspondería con la realidad, ya que la firma disponía, según ellos, de un considerable potencial y significativas mejoras recientes, pese a las adversidades de la última década.
Los acreedores acusan a los inversores mexicanos de no contratar nuevos proyectos, abandonar los ya existentes en otros países como Argelia y Rumanía y no proporcionar avales para emprender nuevas obras, con el objetivo aparente de implementar un Plan de Reestructuración que les permita adueñarse del ‘know how’ de la empresa.
Además, advierten que estos incumplimientos violan los compromisos establecidos en la exención de la OPA concedida por las autoridades españolas al grupo mexicano, lo cual consideran perjudicial para el interés general y la economía nacional.
Según las declaraciones de estos acreedores, el proceso se percibe como un “engaño”, dejando a Duro Felguera reducida a su mínima expresión en España y sometida a un plan de futuro incierto, donde el principal beneficiado sería el consorcio mexicano, todo esto bajo la supervisión pasiva de SEPI y CNMV.
Finalmente, cuestionan si las instituciones españolas —SEPI, CNMV, Principado de Asturias y el Gobierno central— permanecerán inactivas frente a lo que ven como un “abuso” que amenaza el sector industrial y estratégico del país.
