QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El sector tabaquero en España ha expresado su “preocupación” por el crecimiento del comercio ilícito y las políticas “excesivamente restrictivas” que podrían intensificar esta problemática. Según un análisis de AFI, el comercio ilegal continúa siendo un gran desafío para la sostenibilidad del sector y tiene un impacto significativo en los ingresos fiscales, con una pérdida estimada de 879 millones de euros anuales para la Hacienda española.
De acuerdo con datos de Ipsos, alrededor del 4,2% de los productos tabaqueros ingresan al país sin control aduanero y un 1,4% corresponde a falsificaciones. A pesar de las mejoras en los sistemas de trazabilidad y control, la existencia de redes de contrabando y falsificaciones continúa perjudicando a la cadena de valor del sector.
Águeda García-Agulló, directora general de la Mesa del Tabaco, ha reiterado la “preocupación” del gremio frente a estas amenazas. “Vemos que cuando hay medidas que son excesivamente restrictivas, y en este momento en España tenemos un anteproyecto y un real decreto que en algunos aspectos convergen y que supone en algunos casos la prohibición de facto de algunos productos que pueden comprarse efectivamente en cualquiera, en otros países cercanos”, explicó.
En la próxima COP11 en Ginebra, se discutirán nuevas normativas globales que podrían incluir la reducción de puntos de venta o la prohibición de filtros, medidas que García-Agulló califica de “desproporcionadas y claramente inaplicables”. Miguel Ángel Martínez Cuadrado, presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, destacó la relevancia de los estancos como “comercios imprescindibles para el sector y la sociedad”.
Jorge Segura, director de tabaco de Logista España, criticó la “excesiva regulación” que ha impulsado el comercio ilícito, especialmente en Francia, donde las ventas legales han caído más de un 40% en los últimos años. Esto ha llevado a su empresa a reestructurar operaciones y cerrar tres centros de distribución en dicho país.
Finalmente, Segura advierte que las reformas actuales “podrían debilitar mucho los mecanismos de control existentes y favorecer la proliferación de los productos ilícitos con efecto muy negativo sobre la salud pública y la seguridad del mercado”.
