La oficina de Uber Eats en Barcelona se encuentra bajo la lupa de la Inspección de Trabajo, que investiga las prácticas de contratación de sus repartidores, conocidos como ‘riders’. Este examen forma parte de una iniciativa más amplia para asegurarse de que la empresa cumple con las normativas laborales vigentes.
Recientemente, un equipo encargado de este caso visitó las instalaciones de la empresa en Barcelona, donde se procedió a la recolección de documentos relevantes, según han declarado fuentes próximas al caso a Europa Press. Estos documentos están siendo analizados en Madrid por una unidad especializada.
El propósito de estas investigaciones es verificar que el modelo de contratación de Uber Eats se alinea con las leyes que exigen reconocer a los trabajadores como empleados asalariados, en lugar de autónomos independientes.
En el año 2021, se promulgó la ‘Ley Rider’ en España, que fue resultado de un consenso entre la patronal y los sindicatos, destinada a regular la situación laboral de los ‘riders’.
DÍAZ: ‘TODO EL PESO DE LA LEY’
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró recientemente: ‘Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país’. Afirmó que la Inspección de Trabajo ya ha actuado previamente, incluso antes de la normativa, obteniendo numerosas sentencias en tribunales que reconocen la existencia de falsos autónomos.
Díaz subrayó que la inclusión de medidas en el Código Penal para combatir el uso indebido de falsos autónomos por parte de las plataformas de reparto no fue en vano, sino un esfuerzo necesario para eliminar una deficiencia grave.