QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Inspección de Trabajo ha iniciado una investigación sobre Uber Eats para asegurar que su sistema de contratación respeta las normativas legales que exigen que los trabajadores sean reconocidos como empleados asalariados, según indicaron fuentes del Ministerio liderado por Yolanda Díaz a Europa Press.
«La ley está para cumplirla. Ninguna empresa está por encima de ella. Lo hemos dicho mil veces: una persona pedaleando con una mochila no es un autónomo», expresó Díaz en sus redes sociales tras ser publicado por ‘El País’ el inicio de esta investigación a Uber Eats.
Desde el Ministerio de Trabajo se controla con rigor que el modelo de contratación de las compañías de reparto se adhiera a las normativas legales de reconocimiento de laboralidad, en el marco de la denominada ‘Ley Rider’.
Dicha legislación, que requiere que las plataformas de reparto digitales empleen a sus repartidores bajo contrato laboral, fue implementada en agosto de 2021.
La normativa resultó de un consenso entre Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT, y las entidades empresariales CEOE y Cepyme, e impacta las relaciones laborales entre las plataformas de distribución y sus empleados.
La ley asume que los trabajadores que ofrecen servicios de reparto remunerado a través de plataformas digitales son empleados, conforme a la resolución del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, que determinó que los repartidores son trabajadores asalariados y no autónomos.
Por no cumplir con esta ley, la plataforma de reparto Glovo fue previamente sancionada, recibiendo multas que ascendieron a más de 200 millones de euros por parte de la Inspección de Trabajo.
El CEO y cofundador de Glovo, Oscar Pierre, reveló que desde el 1 de julio pasado, la totalidad de la flota de Glovo está contratada laboralmente. «No hay ninguna plataforma de delivery en el mundo que haya hecho una transición tan rápida y tan radical», comentó Pierre.
«Estamos contentos de llegar finalmente a este final de capítulo y abrir un nuevo capítulo donde espero que no haya conflicto y podamos construir desde cero», añadió Pierre.
Por otro lado, Just Eat presentó una demanda contra Glovo por competencia desleal, alegando que la contratación de ‘riders’ como falsos autónomos por parte de Glovo representa una violación de la normativa laboral y les coloca en una desventaja competitiva significativa. La demanda de Just Eat exige 295 millones de euros por daños y perjuicios a Glovo.
Just Eat argumenta que Glovo se ahorró más de 645 millones de euros al contratar falsos autónomos.
