Inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social han vuelto a señalar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y al Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el incumplimiento de los acuerdos retributivos. Denuncian que se les ha negado el cobro íntegro del complemento de productividad complementaria comprometido, a pesar de haber alcanzado los objetivos colectivos fijados.
Así lo han trasladado el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, el sindicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud, el sindicato estatal de Subinspectores Laborales de Empleo y Seguridad Social y la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo en un comunicado difundido por Fedeca.
Las organizaciones recuerdan que este conflicto ya apareció por primera vez en la nómina de diciembre de 2024, cuando, sin previo aviso, se dejó de abonar la totalidad de la productividad colectiva. Esa incidencia se resolvió posteriormente mediante un nuevo "parche" y con retraso, en enero de 2025.
Durante 2025, las fuerzas sindicales que representan al colectivo trataron de mantener un diálogo con el Ministerio de Hacienda para evitar que el problema se repitiera. Sin embargo, no obtuvieron respuesta hasta que, de nuevo, el pasado mes de diciembre, la Dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) comunicó que, pese a haberse cumplido los objetivos colectivos, no se ingresaría la totalidad del complemento de productividad complementaria comprometido, sin concretar qué porcentaje quedaría sin pagar.
Los sindicatos subrayan que, mientras tanto, la cúpula del Organismo sí percibió la totalidad de las cantidades, al tenerlas prorrateadas a lo largo del ejercicio, con independencia de que se alcanzaran o no los objetivos establecidos.
Según explican las organizaciones, desde el Ministerio de Trabajo se justifican en la Instrucción 6/2014, de Productividad, que establece que “El crédito total de productividad que podrá se aplicado a retribuir el complemento de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será el establecido anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente Ley de Presupuesto Generales del Estado, con el límite del importe total autorizado para cada ejercicio por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.
A juicio del departamento, esta previsión les permitiría pactar con la plantilla unos objetivos conociendo el marco presupuestario y, posteriormente, desvincularse de ese compromiso alegando que no se autoriza el pago completo.
Sin embargo, las organizaciones sindicales sostienen que esta lectura vulnera derechos laborales básicos, como el derecho a percibir el salario acordado. Defienden que el carácter no consolidable de la productividad complementaria o su dependencia de la disponibilidad presupuestaria no puede servir de excusa para dejar de abonar las cantidades una vez alcanzados los objetivos y conocido el crédito consignado para ello.
Critican la falta de transparencia en la Inspección de Trabajo
En este contexto, han cargado contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por advertir de los "juegos de trileros" que utilizan algunas empresas para eludir mejoras a sus plantillas y, al mismo tiempo, no reconocer prácticas de "falta de transparencia" y "políticas erráticas" dentro del propio Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
“Estimada Ministra, bien sabrá, porque se lo oímos decir a otros a diario, que el trabajo realizado hay que abonarlo. Por eso, le pedimos que, entre vídeos promocionales y críticas justificadas a quienes no cumplen con sus trabajadores, guarde usted unos minutos para analizar la situación de su propio personal”, han expuesto.
Las organizaciones sindicales denuncian el "reiterado maltrato" de la Dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a su personal y sostienen que una conducta similar sería sancionada “sin dudarlo” en cualquier empresa privada.
Asimismo, alertan de que la situación de la Inspección de Trabajo se complicará de cara a 2026, ya que, a día de hoy, la plantilla sigue sin conocer los objetivos colectivos de este ejercicio, a pesar de que su cómputo comenzó en septiembre de 2025 y se prolongará hasta septiembre de 2026.
“No solo cambiaron unilateralmente las reglas del juego en el mes de diciembre de 2025 no abonando la totalidad de las cantidades adeudadas alegando falta de presupuesto, sino que ahora directamente no hay reglas, no hay objetivos, no hay compromiso con la plantilla”, han señalado.
Por último, los sindicatos ponen el foco en el elevado ritmo y la carga de trabajo que soporta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, recordando que es este organismo el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de los trabajadores.