La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha advertido de un déficit cercano a los 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones de todo el país, en relación con la gestión de los residuos urbanos, pese a la implantación de la nueva tasa de basuras en numerosos consistorios, obligatoria desde el 10 de abril.
La alerta se basa en los datos de la Fundación ENT, difundidos por la propia Anihpl en un comunicado previo a su XXV Congreso Anual, que tendrá lugar esta semana en Alicante.
Los presupuestos aprobados para 2025 estiman un gasto total de 5.325 millones de euros en materia de residuos, frente a unos ingresos por tasas que ascienden a 3.488 millones. La diferencia supone un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del objetivo del 100%.
Los inspectores subrayan que este déficit no es “ni mucho menos” el único problema vinculado a la tasa, y anticipan “severos problemas presupuestarios” en las corporaciones locales si prosperan las reclamaciones que, prevén, presentarán los contribuyentes.
Tasa de gestión de residuos
La asociación sostiene que la regulación de la tasa de gestión de residuos es “escasa e ineficiente”, lo que, a su juicio, generará “más incertidumbre” en cuestiones como el cálculo de los importes a pagar o la implantación del sistema de pago por generación.
Atribuyen estas dificultades en parte al “desinterés e inacción” del Ministerio de Hacienda y a la ausencia de un diálogo efectivo con las entidades locales.
Durante las últimas tres décadas, y a raíz de distintas sentencias del Tribunal Supremo, los municipios habían consolidado un marco claro para regular las tasas de residuos, lo que evitaba la inseguridad jurídica. Sin embargo, esta situación se ha visto alterada con la entrada en vigor de una tasa obligatoria que debe financiar el 100% del servicio y no puede presentar déficit. Esta figura aplica el principio de pago por generación, derivado del criterio de “el que contamina paga”, recuerdan los inspectores.
La Anihpl señala que esta nueva configuración está produciendo múltiples criterios divergentes en las ordenanzas municipales para la aplicación de la tasa, lo que previsiblemente derivará en interpretaciones también diferenciadas por parte de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de unificación doctrinal por parte del Tribunal Supremo.
Externalización de la inspección tributaria
En el Congreso de Alicante, los inspectores denunciarán además el fraude asociado a la externalización de los servicios de inspección tributaria, motivada, según afirman, por la falta de recursos o por otras razones organizativas.
Precisan que no se oponen a la colaboración público-privada y admiten que no todos los encargos a terceros vulneran la ley, si bien recuerdan que los tribunales han anulado ya varias externalizaciones.
A juicio de la Anihpl, la intervención de personas ajenas orgánica y funcionalmente a la Administración Tributaria constituye, según el criterio judicial, una “intromisión ilegal en el ejercicio de sus funciones”.
Durante el Congreso se presentará el Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, que incluye 100 propuestas elaboradas por instituciones y funcionarios de las administraciones municipales y provinciales con el objetivo de mejorar el diseño y la gestión de los impuestos y tasas locales.