Hasta cuatro sistemas distintos de Inteligencia Artificial han llegado a detectar, tras una tarea de auditoría y de revisión regulatoria, que la reforma laboral de Yolanda Díaz de 2021 “no ha acabado con la precariedad” del mercado laboral, “simplemente lo ha escondido”.
Esta es una de las conclusiones de la nueva herramienta tecnológica, basada en Inteligencia Artificial y Big Data y, presentada ayer en el Rectorado del CEU, a cuyo acto asistió Demócrata.
Desarrollado por Foro Regulación Inteligente y, con el apoyo de CEU-Cefas y el Instituto Juan de Mariana, la conocida como ‘motosierra digital’, está diseñada para desenredar la sobrerregulación y los excesos intervencionistas detectados en la etapa de Gobierno de Pedro Sánchez. Dicha herramienta, es capaz de procesar miles de disposiciones legales, facilita la tarea de detectar solapamientos, evaluar el grado de intervención de cada norma y reconstruir las dependencias entre las distintas regulaciones en vigor-
5.000 documentos oficiales de referencia
La herramienta -explican los autores de la misma a este diario-, parte del raspado de datos que permite la construcción de una réplica del BOE, por lo que el modelo, ha desarrollado un proceso de aprendizaje automático, sobre la economía y el derecho español, basado en la revisión de más de 5.000 documentos oficiales de referencia como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o, la Comisión Europea.
Hecho el diagnóstico de nuestro actual sistema regulatorio y normativo, a través de este pionero software en toda la Unión Europea, el objetivo de esta herramienta pasa por mejorar la calidad de nuestro ordenamiento jurídico, lo que en muchos casos supondrá -mantienen sus creadores-, derogar parte de nuestra normativa, reformar, para eliminar el conocido gold plating y, reformar en profundidad un porcentaje de nuestra regulación, así como, mantener también a corto plazo el 16% de la normativa existente.
En datos
Observatorio Trimestral del Mercado Laboral de Fedea
Este martes, Fedea también publicaba el Observatorio Trimestral del Mercado Laboral. Coordinado por Florentino Felgueroso (FEDEA) y Rafael Doménech (BBVA Research), en el que han participado Juan Ramón García (BBVA Research), Marcel Jansen (UAM y FEDEA) y Analía Viola (FEDEA), los resultados del mismo indican, como la afiliación a la Seguridad Social anticipa un menor dinamismo del empleo en el primer trimestre de 2026, tanto en España como en la Comunidad Valenciana.
El estudio sostiene, además, que Las personas asalariadas explicaron el crecimiento de la ocupación. Por el contrario, el empleo por cuenta propia descendió tras avanzar en los cuatro trimestres anteriores.
Además, la creación de empleo fue generalizada por nacionalidad y grupo de edad. Este resultado, inédito desde 2019, estuvo liderado por la población española.
Por otra parte, la población activa también aceleró su ritmo de subida. Por primera vez desde 2021, la población de nacionalidad española fue la responsable del aumento debido, sobre todo, al ascenso de la tasa de actividad.
Mantiene Fedea que, tanto el empleo como la jornada laboral contribuyeron al incremento de las horas trabajadas. Con todo, el tiempo de trabajo por persona ocupada fue menor que el registrado antes de la pandemia debido, sobre todo, al repunte de la población ocupada que no trabajó por enfermedad, accidente o incapacidad.
El trabajo preliminar de Spain-Desreg sostiene que, en la actualidad, el 84% del acervo normativo correspondiente a la presidencia de Pedro Sánchez es susceptible de derogar y reformar en profundidad, de manera que, hasta 204 leyes serían susceptibles de derogación o reforma en profundidad.
"El maquillaje estadístico de los fijos discontinuos"
Además del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler, así como, la Ley 1/2020, por la que se deroga el despido objetivo por falta de asistencia al trabajo, también es el caso planteado sobre la reforma laboral de 2021. En este punto, el trabajo desarrollado por CEU-Cefas y el IJM afirma que "la norma no ha acabado con la precariedad, simplemente la ha escondido". Y lo ha hecho -apunta-, "mediante un maquillaje estadístico, sin precedentes, que ha forzado la conversión de contratos temporales en fijos discontinuos, y que, en la práctica, dejan a miles de españoles con la misma vulnerabilidad de siempre, pero invisibles en las listas del paro”.
En este sentido -defiende el estudio-, "es imperativo recuperar la transparencia y la contabilidad laboral, puesto que no hay mayor precariedad, que la de un trabajador que figura como indefinido, pero no tiene hora de trabajo efectivas".
Una propuesta normativa en 30 segundos
La herramienta no se queda en la fase de este diagnóstico. También facilita, como ha podido comprobar Demócrata, la redacción de propuestas específicas de derogación, mediante un software, que trabaja con los desarrollos de Gemini 3 Flash, Gemini 3 Pro, Grok 4.1 Fasta y, ChatGPT5.2 y, que en 30 segundos, genera una proposición normativa, que se puede tomar como referencia para hilvanar una formulación definitiva.
Con cinco métricas evaluatorias (carga regulatoria, complejidad, potencial de liberación, detección de elementos ideológicos de control político, económico y social y, longitud del documento), la herramienta busca contribuir a un marco normativo más claro, simplificado -como pide la UE-, predecible y favorable al crecimiento económico, reduciendo la discrecionalidad administrativa y, reforzando la neutralidad institucional como principios rectores de la acción reguladora.
Clave económica: un coste de 90.000 millones de euros
El problema de la hipertrofia normativa -destaca el estudio: Desenredar España- viene de lejos. De hecho -subraya el estudio preliminar de la ‘motosierra’ española, en clara guiño a la motosierra de Milei en Argentina- entre 1978 y 2021 se aprobaron un total de 441.804 normas. En 2022, esta cifra se incrementó en otras 11.775 regulaciones. Este dato -explican-, significa que, cada día se aprueban más de 30 disposiciones legislativas, a un ritmo de un nuevo desarrollo normativo cada 45 minutos.
De modo que -comparan los presentadores del estudio, entre los cuales se encontraban: Elio Gallego, director de CEU-Cefas; Emilio Esteban Hanza, coordinador del informe CEU-Cefas; Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y, Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios del IJM y, presidente del Foro Regulación Inteligente-, “si hoy se procediera a imprimir y apilar todo el acervo regulatorio desarrollado en nuestro país desde la Transición hasta nuestros días, encontraríamos que la torre de papel resultante tendría la altura de un rascacielos, superando holgadamente las dimensiones de la Gran Pirámide de Egipto, la Torre Eiffel de París, el Empire State Building de Nueva York y otros edificios emblemáticos”.
Precisamente, sobre esta cuestión se han pronunciado las instituciones europeas -recuerda el trabajo del CEU y del IJM-, recalcando que la reducción de las cargas regulatorias es una prioridad para relanzar las economías del Viejo Continente. Sin embargo, la política regulatoria estatal que ha venido siguiendo el gobierno de Pedro Sánchez ha estado marcado por un fortísimo refuerzo del intervencionismo. Y, esta deriva -calculan- “tiene un coste muy elevado sobre la actividad económica, a la que se han impuesto, como viene calculando el estudio, costes que superan los 90.000 millones de euros", como consecuencia, entre otros factores, por la inseguridad jurídica que genera.