Iryo se ha incorporado formalmente al procedimiento judicial que analiza el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero, ejerciendo como acusación particular. Esta condición implica que la operadora, cuyo accionista mayoritario es el Estado italiano, pasa a ser considerada como “perjudicado”.
Así lo detalla su matriz pública italiana, Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia), en sus últimos resultados financieros, donde incluye un apartado específico sobre el accidente en España, en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas tras el descarrilamiento de uno de sus trenes y la posterior colisión con un tren Alvia de Renfe que circulaba por la vía contigua.
En un informe redactado en inglés, la compañía señala que la investigación preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a la rotura de la vía como causa principal del siniestro, subrayando que la responsabilidad del mantenimiento de esa infraestructura recae en Adif, la entidad pública española encargada de la red ferroviaria.
La empresa italiana precisa igualmente que, en este momento, no existe ninguna parte formalmente imputada en la causa penal y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia propietaria de Iryo, ha solicitado intervenir en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Montoro (Córdoba).
La magistrada del Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ya ha autorizado a Ilsa a personarse como acusación particular, por lo que será tratada como parte perjudicada en el proceso, tal y como recoge la documentación de la compañía.
Respecto a la otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la jueza desestimó su solicitud al no considerarla perjudicada directa del accidente, según consta en una diligencia de ordenación de 7 de abril a la que tuvo acceso Europa Press, aunque contra esta decisión cabe recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia. También fueron rechazadas las personaciones de los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, del partido Iustitia Europa y del Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).
Por el contrario, la jueza sí admitió la intervención de la Junta de Andalucía como actor civil, con la limitación de que únicamente podrá reclamar los gastos extraordinarios y los daños derivados del siniestro, sin facultad para solicitar pruebas ni diligencias de Instrucción.
Asimismo, se aceptó la personación del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, aunque condicionada a la constitución previa de una fianza de 3.000 euros por cada una de las acusaciones.